El apagón nacional del 28 de abril de 2025 desencadenó una oleada sin precedentes de expedientes sancionadores. La CNMC ya ha abierto 66 investigaciones. El último afecta a Mercuria Solar, con una posible multa de hasta 6 millones de euros. Esto no significa que las renovables causaran el colapso. Pero sí revela fallos estructurales en la integración de energía solar al sistema. El impacto económico y regulatorio ya se siente en toda la cadena de valor.
¿Por qué la CNMC sanciona a empresas solares tras el apagón de 2025?
La CNMC imputa a Mercuria Solar una infracción grave bajo los artículos 64.15, 64.16 y 64.17 de la Ley del Sector Eléctrico. Estos regulan el cumplimiento de instrucciones del operador del sistema, las normas de seguridad y las obligaciones de mantenimiento. No se acusa de causar el apagón. Se sanciona por falta de disponibilidad operativa y respuesta inadecuada ante órdenes de control de tensión.
El fallo no fue atribuido a las renovables en los informes oficiales. Pero sí se identificaron debilidades en el control de tensión vinculadas a la alta penetración de plantas solares sin sistemas de respuesta dinámica suficientes.
¿Qué dice la normativa sobre la responsabilidad de las plantas renovables?
La Ley 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000 exigen que todas las instalaciones de generación —incluidas las solares— cumplan con los requisitos de capacidad de respuesta ante perturbaciones, estabilidad de frecuencia y soporte de tensión. Desde 2022, el Real Decreto 1183/2020 obliga a las nuevas plantas solares a incorporar sistemas de control avanzado (AGC/AVC) y capacidad de desconexión controlada.
Sin embargo, muchas plantas anteriores a esa fecha operan con equipos obsoletos. No cumplen los estándares actuales de resiliencia del sistema eléctrico. La CNMC actúa ahora bajo el principio de responsabilidad objetiva: no se requiere intención, solo incumplimiento comprobado.
¿Cuál es el impacto económico real para el sector fotovoltaico?
Las multas no son el único costo. Las empresas enfrentan gastos inmediatos de actualización técnica. Instalar inversores con funciones LVRT y Q(V) cuesta entre el 8 % y el 12 % del valor total de la planta. Además, los seguros de responsabilidad civil han subido un 35 % en 2026.
El sector fotovoltaico representa ya el 22 % de la potencia instalada en España. Una sanción masiva afectaría la confianza de los inversores. El riesgo regulatorio se ha convertido en un factor clave en las valoraciones de proyectos por parte de fondos de infraestructura.
¿Qué cambios prácticos exige la CNMC a las plantas solares existentes?
Actualización obligatoria de sistemas de control
Todas las plantas solares mayores de 1 MW deben certificar, antes de diciembre de 2026, su capacidad para responder a órdenes de regulación secundaria y mantener estabilidad ante caídas de tensión superiores al 20 %.
Auditorías técnicas externas anuales
La CNMC exige informes independientes que validen el cumplimiento de los requisitos de calidad de suministro (RD 1110/2023). Estos deben incluir pruebas de respuesta ante eventos tipo fault ride-through.
Registro en el sistema de telecontrol del operador
Las plantas deben integrarse al sistema de telemedida y telecontrol de Red Eléctrica. Esto implica inversión en comunicaciones seguras y protocolos IEC 61850.
Datos Clave
- La CNMC ha abierto 66 expedientes sancionadores desde abril de 2025, 12 dirigidos a empresas del sector solar.
- Las multas por infracción grave pueden alcanzar los 6 millones de euros, según el artículo 64 de la Ley del Sector Eléctrico.
- El 78 % de las plantas solares construidas antes de 2022 carecen de capacidad de soporte reactiva automática, según el informe técnico de la CNE publicado en marzo de 2026.
- El Real Decreto 1183/2020 establece plazos diferenciados: plantas nuevas deben cumplir desde 2022; las existentes, antes de 2026.
- Las oscilaciones de tensión vinculadas a desconexiones masivas de solar representaron el 41 % de los eventos críticos registrados por Red Eléctrica entre enero y abril de 2025.
