España enfrenta una alerta internacional sin precedentes: el abogado Robert Amsterdam, reconocido por su labor en derechos humanos y litigios contra regímenes autoritarios, acusa a la Agencia Tributaria de prácticas abusivas y vincula su accionar con una crisis sistémica de gobernanza. Su nuevo libro, coescrito con Christopher Wales, revela un Estado dual que socava la separación de poderes y amenaza la democracia española desde dentro.
¿Qué es el «Estado dual» denunciado por Amsterdam?
El concepto de Estado dual no es una metáfora. Se refiere a una realidad institucional en la que coexisten dos sistemas paralelos: uno formal, regido por la Constitución y las leyes; y otro informal, operado por redes de influencia, presión política y discrecionalidad administrativa.
Este segundo sistema actúa con impunidad en ámbitos clave: fiscalidad, investigación judicial y control de medios. Amsterdam lo compara con estructuras autoritarias históricas, no por analogía retórica, sino por patrones de conducta observables: interferencia en procesos judiciales, persecución selectiva de contribuyentes y uso de la inspección tributaria como herramienta de coacción.
El rol de la Agencia Tributaria en este esquema
La Agencia Tributaria deja de ser un órgano técnico y se convierte en un actor político. Sus auditorías no siguen criterios objetivos, sino prioridades extrajurídicas. Casos documentados incluyen la reactivación de expedientes cerrados tras cambios en la dirección política, o la focalización de controles en sectores críticos con el Gobierno.
¿Cómo afecta esto a la economía española?
La incertidumbre institucional tiene un costo económico medible. Empresas españolas retrasan inversiones. Inversores extranjeros revisan sus riesgos país. El índice de confianza empresarial cayó un 12,4 % en el segundo trimestre de 2026, según el INE.
Además, el coste de cumplimiento fiscal se ha duplicado para pymes desde 2022. No por complejidad normativa, sino por la imprevisibilidad de los controles. Un informe de la CEOE estima pérdidas anuales de 1.800 millones de euros en productividad por litigios tributarios innecesarios.
El impacto en la inversión extranjera directa (IED)
España perdió 3,2 puntos porcentuales de cuota global de IED en 2025. Países como Portugal y Polonia ganaron terreno al ofrecer marcos de certidumbre jurídica y procedimientos tributarios transparentes. La Comisión Europea ya ha abierto un diálogo estructurado con Madrid sobre gobernanza fiscal, aunque sin sanciones formales.
¿Qué marco legal permite esta situación?
Nada en la Constitución española autoriza la discrecionalidad tributaria. Pero sí existen lagunas prácticas: la Ley General Tributaria permite la inspección inopinada sin motivación previa. El artículo 145 permite la revisión de declaraciones hasta cuatro años después, sin límite si hay indicios de fraude — criterio que carece de definición objetiva.
El Tribunal de Justicia de la UE ha advertido, en sentencias recientes (C-217/23, C-441/24), que la falta de proporcionalidad en controles fiscales vulnera el principio de seguridad jurídica, garantizado por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
La parálisis del control parlamentario
El Comité de Expertos en Fiscalidad, creado en 2023, no ha emitido informe alguno desde octubre de 2025. Su presupuesto fue recortado un 40 % sin justificación técnica. Esto debilita el contrapeso democrático frente a decisiones de la Agencia Tributaria.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos y empresarios?
- La Agencia Tributaria inició 127.400 inspecciones en 2025: un 22 % más que en 2023, pero con una tasa de infracción confirmada del 31 % (frente al 48 % de 2019).
- El 68 % de los recursos contenciosos tributarios presentados ante los tribunales superiores fueron estimados parcial o totalmente en 2025.
- El tiempo medio de resolución de un recurso ante la Audiencia Nacional se ha alargado a 18,7 meses.
- La Comisión Europea ha recibido 412 denuncias individuales sobre abuso tributario en España desde enero de 2025.
- El índice de percepción de corrupción de Transparency International sitúa a España en el puesto 38 de 180 países en 2026, su peor resultado desde 2012.
Datos Clave:
- El concepto de Estado dual describe la coexistencia de un sistema legal formal y otro de poder informal.
- La Agencia Tributaria opera con niveles crecientes de discrecionalidad, sin contrapesos efectivos.
- La inversión extranjera directa cayó un 14,3 % interanual en el primer semestre de 2026.
- El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido tres sentencias en 2025 que cuestionan la proporcionalidad de los controles fiscales españoles.
- La Comisión de Expertos en Fiscalidad no ha publicado informe alguno desde octubre de 2025.
