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    Realquiler en Málaga: una de cada cuatro familias atendidas por Cáritas vive en habitación alquilada

    adminBy admin2 de junio de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    Una de cada cuatro familias que recibe apoyo de Cáritas Diocesana de Málaga reside en habitación realquilada. Este fenómeno ha crecido un 60 % desde 2021, con picos del 40 % en zonas céntricas. El acceso a una vivienda digna y asequible ya no es una excepción: es una barrera estructural. Más de 200.000 personas en la provincia caen en pobreza energética y residencial tras pagar el alquiler. El realquiler ya no es una alternativa puntual: es una estrategia de supervivencia.

    ¿Por qué el realquiler se ha convertido en la norma para familias vulnerables?

    El precio medio del alquiler en Málaga supera los 1.100 €/mes en la capital. Eso representa más del 65 % de los ingresos medios de los hogares atendidos por Cáritas. Muchas familias no pueden acceder a un piso entero ni mediante alquiler social, porque los listados están saturados y los requisitos excluyen a quienes tienen ingresos informales o contratos temporales.

    El efecto dominó del alquiler abusivo

    • El realquiler impide el empadronamiento, bloqueando el acceso a sanidad, educación y ayudas sociales.
    • Las condiciones de habitabilidad suelen ser deficientes: falta de calefacción, humedades, ausencia de cocina o baño privado.
    • El hacinamiento afecta especialmente a menores: un 32 % de los menores atendidos viven en espacios compartidos con más de tres personas por habitación.

    ¿Qué dice el marco legal sobre el realquiler en Andalucía?

    La Ley 13/2019 de Vivienda de Andalucía prohíbe expresamente el realquiler sin autorización del propietario, pero no regula su práctica cuando se da en contextos de emergencia residencial. Tampoco prevé sanciones efectivas ni mecanismos de protección para los inquilinos reales. El Registro de Alquileres de Andalucía, obligatorio desde 2023, sigue con una cobertura inferior al 35 % en zonas de alta presión como el Casco Antiguo o El Perchel.

    Falta de fiscalización real

    • No existe un protocolo unificado entre ayuntamientos y la Junta para detectar viviendas en infracción.
    • Las denuncias por realquiler ilegal representan menos del 2 % de las actuaciones de la Inspección de Vivienda.
    • El Plan Andaluz de Vivienda 2022–2025 prevé 12.000 nuevas viviendas protegidas, pero solo el 18 % están destinadas a alquiler social con rentas inferiores a 400 €/mes.

    ¿Cómo afecta el realquiler al empleo y la inclusión social?

    Cerca del 40 % de las personas atendidas por Cáritas tiene empleo, pero ese trabajo no garantiza estabilidad residencial. El empleo precario —contratos temporales, jornadas parciales, economía sumergida— no aparece en los informes de solvencia bancaria. Por eso, tener un contrato laboral ya no es sinónimo de acceso a la vivienda.

    El círculo vicioso de la exclusión

    • Los trabajadores con salarios por debajo de 1.200 €/mes no califican para la mayoría de los pisos en alquiler.
    • Las plataformas digitales de alquiler exigen aval bancario o nómina de más de 3 veces la renta, inalcanzable para el 78 % de los usuarios de Cáritas.
    • La falta de dirección fija impide renovar el DNI, acceder a subvenciones de formación o solicitar becas para hijos.

    ¿Qué datos clave revela la memoria 2025 de Cáritas Diocesana de Málaga?

    • Una de cada cuatro familias atendidas vive en habitación realquilada.
    • El realquiler ha aumentado un 60 % desde 2021.
    • En zonas como El Perchel o la Alameda, alcanza el 40 % de los hogares atendidos.
    • Más de 200.000 personas en la provincia entran en pobreza tras gastos residenciales.
    • El 40 % de los usuarios tiene empleo, pero no logra estabilidad habitacional.
    • El empadronamiento es imposible para el 62 % de los reales por falta de contrato registrado.

    El realquiler no es un fenómeno marginal. Es un síntoma sistémico de la crisis de vivienda. Refleja la fractura entre el mercado inmobiliario y las capacidades reales de los hogares. Su impacto económico va más allá de lo residencial: afecta la productividad, la salud pública y la cohesión territorial. Sin políticas de control de precios, ampliación de parques públicos de alquiler y protección efectiva del inquilino real, el realquiler seguirá siendo la única opción para miles de familias.

    alquiler Andalucía caritas pobreza vivienda
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