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    Despidos en periodo de prueba: ¿qué dice la reforma laboral de 2023?

    adminBy admin4 de mayo de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    Los despidos en periodo de prueba se han multiplicado por 5,3 desde 2019, alcanzando 31.600 bajas en 2025. Esta cifra refleja una práctica creciente en contratos indefinidos, donde las empresas desvinculan a trabajadores sin pagar indemnización ni justificar la decisión. UGT alerta sobre un posible uso fraudulento del mecanismo y exige mayor control de la Inspección de Trabajo.

    ¿Por qué han aumentado tanto los despidos en periodo de prueba?

    El repunte no se explica solo por el crecimiento del empleo. Entre 2019 y 2025, la afiliación a la Seguridad Social subió un 3,4 veces, pero las bajas por no superar el periodo de prueba lo hicieron un 5,3 veces. Esa brecha revela un cambio de comportamiento empresarial.

    El contrato indefinido con periodo de prueba se volvió más atractivo tras la reforma laboral de 2023. Las empresas lo usan como herramienta de selección ágil, pero sin contrapesos legales claros. No hay obligación de motivar la baja ni de pagar indemnización, lo que reduce riesgos para el empleador.

    ¿Es legal despedir sin indemnización en el periodo de prueba?

    Sí, es totalmente legal. El Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma, mantiene que la extinción del contrato durante el periodo de prueba no requiere causa ni compensación. Pero la ley no regula su duración máxima en contratos indefinidos, dejando margen a interpretaciones abusivas.

    ¿Cuál es la duración máxima del periodo de prueba?

    • En contratos indefinidos: hasta 2 meses para trabajadores cualificados y 1 mes para no cualificados, salvo convenio colectivo que establezca otro plazo.
    • En prácticas o formación: hasta 3 meses, aunque puede ampliarse si el convenio lo permite.
    • La reforma no modificó estos límites, pero sí reforzó la flexibilidad del contrato indefinido, incentivando su uso masivo.

    ¿Qué impacto económico tienen estos despidos?

    El aumento de bajas en fase inicial afecta la estabilidad laboral y la productividad. Los trabajadores no consolidan experiencia, las empresas invierten en formación sin retorno y el sistema de protección social registra más altas y bajas frecuentes.

    Además, este patrón genera costes ocultos: mayor rotación implica más gastos en reclutamiento, onboarding y pérdida de conocimiento tácito. Desde el punto de vista macroeconómico, socava la calidad del empleo, un indicador clave en los informes de la OCDE y la Comisión Europea para evaluar la sostenibilidad del modelo productivo español.

    ¿Cómo afecta a los trabajadores jóvenes y con menos experiencia?

    • El 68 % de las bajas por no superar el periodo de prueba corresponden a menores de 35 años.
    • El 41 % son mujeres, con mayor incidencia en sectores como servicios, comercio y hostelería.
    • La tasa de recontratación tras una baja de este tipo es un 22 % inferior a la media nacional.

    ¿Qué dice el marco legal actual sobre el control de estos despidos?

    No existe un mecanismo de supervisión automática ni reporte obligatorio de bajas por periodo de prueba. La Inspección de Trabajo solo actúa ante denuncias o muestreos puntuales. No hay sanción específica por uso abusivo, aunque sí podría aplicarse el artículo 40.2 del Estatuto si se demuestra falta de buena fe.

    Datos Clave

    • En 2025 se registraron 31.600 bajas por no superar el periodo de prueba (hasta noviembre).
    • Eso representa un 5,3x más que los 5.900 casos de 2019.
    • Este tipo de bajas ya supone el 6,9 % del total de bajas en 2025, frente al 4,6 % del ciclo 2014–2029.
    • El 83 % de estas bajas ocurren en contratos indefinidos, no en temporales.
    • No hay obligación legal de motivar la decisión ni de pagar indemnización.

    El debate ya está en la agenda parlamentaria. El Ministerio de Trabajo estudia introducir un registro obligatorio de bajas por periodo de prueba y evaluar su vinculación con patrones repetitivos por empresa. Mientras tanto, la brecha entre flexibilidad y protección sigue ampliándose —y los trabajadores pagan el precio en estabilidad y derechos consolidados.

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