El apagón nacional del 28 de abril de 2025 desencadenó una de las mayores actuaciones sancionadoras de la CNMC en la historia del sector eléctrico español. Hasta la fecha, se han abierto 55 expedientes contra operadores, generadores y gestores del sistema. Las multas potenciales superan los 60 millones de euros. La investigación revela fallos sistémicos en la garantía del suministro, la gestión del despacho y el cumplimiento de obligaciones de disponibilidad. El caso de Almaraz-Trillo destaca por su calificación como falta «muy grave». El marco legal aplicable es la Ley del Sector Eléctrico, especialmente sus artículos 65.8 y 65.34.
¿Qué empresas están sancionadas y por qué?
Endesa e Iberdrola lideran la lista con 30 nuevos expedientes. Ambas son investigadas por presuntas infracciones al artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico. Esta norma castiga la falta de garantía del suministro eléctrico como una falta grave, con sanciones de 600.001 a 6 millones de euros.
TotalEnergies, Engie y ContourGlobal también figuran en la segunda tanda. Además, las centrales nucleares de Ascó, Vandellós y Almaraz-Trillo están bajo investigación. Cada una enfrenta acusaciones distintas, pero todas vinculadas a la interrupción del servicio y al incumplimiento de obligaciones legales.
¿Por qué Almaraz-Trillo recibe la sanción más severa?
La central de Almaraz-Trillo, operada por Iberdrola, es la única calificada con una falta «muy grave». La CNMC la acusa de reducción de producción sin autorización y de incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad. Estos hechos afectaron directamente la estabilidad del sistema durante el apagón. A diferencia de Ascó y Vandellós, no se trata de ofertas anómalas, sino de una falla operativa crítica en una unidad de generación estratégica.
¿Qué dice la Ley del Sector Eléctrico sobre estas infracciones?
El marco jurídico es claro: la Ley 24/2013 establece obligaciones estrictas para todos los agentes del sistema. El artículo 65.8 exige garantizar el suministro en condiciones de seguridad y continuidad. El artículo 65.34, aplicado a Ascó y Vandellós, prohíbe presentar ofertas con valores anormales o desproporcionados, que puedan distorsionar el despacho económico del sistema.
Estas normas no son meras formalidades. Su incumplimiento pone en riesgo la seguridad del suministro, la integridad del mercado y la confianza de los consumidores. La CNMC actúa bajo el mandato del Real Decreto-Ley 1/2023, que refuerza su capacidad sancionadora ante crisis sistémicas.
¿Cuál es el impacto económico real del apagón?
El apagón afectó a más de 12 millones de consumidores. Las pérdidas económicas se estiman en más de 1.200 millones de euros, según cálculos preliminares del Instituto de Estudios Económicos del Sector Energético (IEESE). Sectores clave como la industria manufacturera, la logística y los servicios digitales sufrieron paradas forzadas. Las PYMEs registraron caídas de facturación del 18 % en promedio durante las 4 horas de interrupción.
Además, el evento aceleró la revisión de los mecanismos de capacidad y el debate sobre la resiliencia de la red ante eventos extremos. El Gobierno ya ha anunciado una inversión de 420 millones de euros en modernización de subestaciones y sistemas de control remoto.
¿Qué implica esta oleada de expedientes para el futuro del sector?
La CNMC no descarta nuevas investigaciones. Fuentes del organismo confirman que «la primera y segunda tandas son solo el inicio». El enfoque se desplaza hacia la responsabilidad compartida: no solo de generadores, sino también de comercializadoras y gestores de demanda.
El caso ha reactivado el debate sobre la transición energética acelerada y sus riesgos operativos. La reducción de unidades de generación fiable —como las nucleares— sin una sustitución técnica y regulatoria sólida, aumenta la exposición a fallos sistémicos.
Datos Clave
- Se han abierto 55 expedientes sancionadores por el apagón del 28 de abril de 2025.
- Almaraz-Trillo es la única central calificada con falta «muy grave».
- Las multas potenciales suman más de 60 millones de euros.
- El artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico es la base legal en 30 de los casos.
- El apagón generó pérdidas económicas estimadas en 1.200 millones de euros.
- La CNMC actúa bajo el mandato del Real Decreto-Ley 1/2023.
El apagón no fue un fallo aislado. Fue un síntoma de debilidades estructurales en la gobernanza del sistema eléctrico. La respuesta regulatoria —rápida, pública y contundente— marca un antes y un después en la exigencia de responsabilidad operativa, transparencia en el despacho y cumplimiento estricto de obligaciones legales.
