La Axarquía, comarca agrícola y turística de Málaga, enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. La Guardia Civil ha identificado 167.000 toneladas de residuos vertidos de forma ilegal en fincas rústicas. Entre ellos, amianto, material altamente peligroso y prohibido en la UE desde 2002. Doce personas físicas y tres jurídicas están bajo investigación. El caso, bautizado como operación ‘Cover’, revela una red sistematizada de evasión de controles legales para ahorrar costes en gestión de residuos.
¿Qué residuos se hallaron en los vertederos clandestinos de la Axarquía?
Los agentes encontraron residuos de construcción y demolición (RCD), tierras contaminadas, escombros y materiales inertes. Pero lo más grave fue la presencia confirmada de amianto en varios puntos. Este mineral fibroso, carcinógeno y no biodegradable, se dispersa fácilmente al aire y contamina suelos y acuíferos.
Riesgos para la salud y el entorno
La inhalación de fibras de amianto provoca mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón. Además, los vertederos generan lixiviados que infiltran aguas subterráneas. En zonas con acuíferos vulnerables como la Axarquía, esto amenaza el abastecimiento de más de 200.000 personas. También aumenta el riesgo de incendios forestales por acumulación de materiales inflamables.
¿Cuál es el impacto económico de estos vertidos ilegales?
El ahorro ilícito por vertido clandestino ronda los 40–60 €/tonelada frente a los 120–180 €/tonelada en plantas autorizadas. Con 167.000 toneladas, los presuntos responsables evadieron entre 6,7 y 10 millones de euros en costes legales. Pero el daño real es mucho mayor: la Junta de Andalucía estima en 28 millones de euros la inversión necesaria para la restauración ambiental de los puntos afectados. Además, el turismo —sector que representa el 32 % del PIB comarcal— sufre por la degradación del paisaje y la pérdida de confianza de los visitantes.
¿Qué marco legal se aplica a los vertidos ilegales en Andalucía?
El caso se enmarca en el Real Decreto Legislativo 7/2021, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La gestión ilegal de residuos peligrosos como el amianto constituye delito según el Artículo 325 del Código Penal, con penas de hasta cinco años de prisión. La Ley 7/2022 de Cambio Climático y Transición Energética refuerza la responsabilidad extendida del productor y exige trazabilidad total mediante el Sistema Integrado de Gestión de Residuos (SIGER).
Fiscalía de Medio Ambiente y competencias compartidas
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga asumió la investigación tras la remisión de diligencias por la Guardia Civil. En Andalucía, la competencia en vertidos rústicos es compartida: la Junta gestiona suelos contaminados, los ayuntamientos fiscalizan licencias de obra y la Administración General del Estado interviene en delitos contra el medio ambiente. Esta superposición genera brechas de control, especialmente en zonas con baja densidad de inspección.
¿Qué datos clave revela la operación ‘Cover’?
- 167.000 toneladas de residuos ilegales detectadas en menos de 18 meses.
- Amianto confirmado en tres vertederos distintos mediante análisis de laboratorio acreditado.
- 12 personas físicas y 3 personas jurídicas investigadas por delitos contra el medio ambiente.
- 7 parcelas rústicas identificadas como puntos de vertido recurrente en la Axarquía.
- Caso remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga en abril de 2026.
El caso de Nerja no es aislado. En 2025, la Junta sancionó 41 infracciones por vertidos ilegales en la provincia, un 37 % más que en 2024. La presión urbanística, la falta de plantas de tratamiento cercanas y la debilidad en los controles municipales alimentan esta economía paralela de residuos. La operación ‘Cover’ evidencia que la lucha contra la contaminación no es solo técnica: es una cuestión de gobernanza, transparencia y aplicación estricta de la ley. Sin trazabilidad real y sin sanciones disuasorias, los vertederos clandestinos seguirán proliferando bajo el radar de las autoridades.
