Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declarará como testigo en la causa judicial contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. La jueza del Juzgado de Instrucción número 25 lo ha citado para esclarecer el origen de los datos personales y la imagen de dos periodistas de El País. El caso gira en torno a una posible revelación de secretos ocurrida el 19 de marzo de 2024. La investigación tiene impacto directo en la transparencia institucional y en la protección de la libertad de prensa en España.
¿Por qué es clave la declaración de González Amador?
La jueza considera que su testimonio es necesario, proporcional y pertinente. Rodríguez admitió haber enviado un mensaje con los nombres y una fotografía de los periodistas a un chat de 18 profesionales de la información. Alegó que la información provino de un vecino del inmueble donde reside Ayuso. Ese vecino fue identificado como González Amador.
El rol del vecino como fuente de datos
El auto judicial señala que la declaración permitirá verificar si González Amador facilitó los datos directamente o si actuó como intermediario. Esto afecta la calificación del hecho como delito de revelación de secretos o como mera conducta civilmente cuestionable. No hay constancia de que haya accedido a bases de datos policiales o administrativas. Su participación se circunscribe al ámbito privado del domicilio.
¿Qué delito se investiga exactamente?
Se investiga un presunto delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 197.7 del Código Penal. Requiere que la información divulgada sea de carácter personal, no pública y obtenida mediante acceso ilícito o abuso de confianza. La imagen y los nombres de los periodistas no eran de dominio público en ese contexto. Su difusión en un grupo cerrado con fines no profesionales puede constituir una vulneración de la protección de datos personales bajo la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La distinción entre fuente legítima y fuente ilícita
El hecho de que los datos provengan de un vecino no los exime automáticamente de ilegalidad. Si el vecino los obtuvo mediante vigilancia no consentida o uso de dispositivos de grabación en espacios privados, su transmisión podría ser considerada acceso indebido a datos personales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la mera cercanía física no autoriza la captación ni difusión de imágenes de terceros sin su consentimiento.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional del caso?
El caso afecta la confianza ciudadana en las instituciones autonómicas. La Comunidad de Madrid gestiona más de 50.000 millones de euros anuales. Cualquier sospecha de uso indebido de información para presionar a periodistas genera costes reputacionales cuantificables: caída en la percepción de transparencia, retrasos en licitaciones por escrutinio adicional y posibles sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En 2025, la AEPD impuso 47 sanciones por infracciones relacionadas con la revelación de datos personales, con multas que superaron los 2,3 millones de euros.
El marco legal aplicable
Además del Código Penal, rige la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Derecho a la Intimidad. También aplica la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que exige conducta ejemplar de los cargos públicos. El jefe de Gabinete actúa como agente de la Administración. Su responsabilidad no se limita a lo estrictamente funcional, sino que abarca el ejercicio ético del cargo.
¿Qué otras diligencias se rechazaron en la causa?
La jueza desestimó solicitudes de la acusación popular para citar a un comisario de la Policía Nacional y analizar el teléfono móvil de Rodríguez. También rechazó pedir información a la Delegación del Gobierno. Estas decisiones reflejan un criterio de proporcionalidad procesal: solo se admiten pruebas que tengan relación directa y necesaria con los hechos objeto de investigación.
Datos Clave
- La citación de González Amador responde a una solicitud del PSOE como acusación popular.
- El mensaje difundido contenía nombres y una fotografía de dos periodistas de El País.
- Rodríguez reconoció haberlo enviado, pero negó haberlo obtenido de fuentes policiales.
- El caso se enmarca en el escándalo por presunto fraude fiscal de González Amador en 2024.
- La resolución judicial subraya que la declaración busca esclarecer la procedencia de los datos, no juzgar conductas ajenas al núcleo del delito.
El caso pone en tensión la libertad de expresión, la protección de datos y la responsabilidad de los altos cargos. No se trata solo de un incidente aislado, sino de un indicador del estado de la cultura de transparencia en la Administración pública española. Cualquier resolución judicial influirá en futuras actuaciones de gabinetes institucionales frente a la prensa.
