Dos personas fueron detenidas en la vega de Maro (Nerja) durante una protesta contra la tala de árboles en una finca de Larios. La Guardia Civil actuó por desobediencia grave y negativa a identificarse. El caso pone en el centro del debate la tensión entre derechos ciudadanos, protección del suelo no urbanizable y la aplicación de la normativa ambiental en zonas de especial valor ecológico y patrimonial.
¿Qué sucedió exactamente en la vega de Maro?
El miércoles 22 de abril de 2026, en una parcela de 5.000 m² del Barranco de Maro, operarios de la Sociedad Azucarera Larios realizaron trabajos con maquinaria pesada. Entre ellos, la tala de unos 100 árboles —chirimoyos y olivos— y movimientos de tierra sobre roca kárstica. Una treintena de personas se concentró para impedir la actividad. Dos de ellas, una mujer de 45 años y un hombre de 30, se negaron a identificarse y a abandonar el lugar pese a los requerimientos de la Guardia Civil.
La versión de la plataforma AMA
La plataforma Acción por Maro y su Agricultura (AMA) califica la protesta de «pacífica». Afirma que los detenidos esperaban la llegada del SEPRONA para verificar la legalidad de los trabajos. Cuestiona la proporcionalidad de la intervención policial y subraya que no hubo actos de violencia ni obstrucción física a la maquinaria.
¿Es legal talar árboles en suelo no urbanizable de especial protección?
Sí, pero solo bajo condiciones estrictas. La Ley 7/2022 de Suelo y Rehabilitación Urbana exige autorización previa para cualquier actuación que altere el estado natural de terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección. Estos espacios incluyen zonas con valor agrícola, ecológico o paisajístico reconocido —como la vega de Maro, próxima a un barranco y con afecciones patrimoniales.
Requisitos obligatorios
- Presentación de un estudio de impacto ambiental si la actuación afecta a más de 50 árboles o altera el relieve en zonas kársticas.
- Autorización expresa de la Junta de Andalucía, competente en materia de suelo y medio ambiente.
- Notificación previa al Ayuntamiento de Nerja, como ente gestor del planeamiento territorial.
La plataforma AMA denuncia que ninguno de estos trámites se ha hecho público. Tampoco se ha informado sobre la existencia de una evaluación de afección al patrimonio cultural —obligatoria si la zona está vinculada a usos tradicionales agrícolas reconocidos.
¿Qué implica la desobediencia grave en este contexto?
La detención se basó en el artículo 556 del Código Penal, que castiga la desobediencia grave a la autoridad. Sin embargo, su aplicación requiere que la orden policial sea clara, legítima y proporcional. En este caso, los detenidos no obstaculizaron los trabajos ni impidieron el acceso de los operarios. Su permanencia en el lugar, con fines de observación y denuncia, no constituye por sí misma una infracción penal —según jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 2023/1147).
El factor temporal y la proporcionalidad
La Guardia Civil actuó sin esperar la llegada del SEPRONA, cuya presencia había sido solicitada formalmente por AMA. Esto genera dudas sobre si la orden de desalojo cumplía con el principio de necesidad y proporcionalidad, exigido por la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
¿Cuál es el impacto económico y ambiental real de estos trabajos?
La tala de 100 árboles no invasivos en una vega agrícola tradicional tiene efectos acumulados: pérdida de biodiversidad local, erosión acelerada en suelos kársticos y reducción de la capacidad de captación de agua. Desde el punto de vista económico, la vega de Maro sostiene una agricultura familiar de bajo impacto, con productos de proximidad comercializados en mercados locales y cooperativas andaluzas. Su degradación afecta directamente a la rentabilidad agrícola sostenible y al valor turístico del entorno.
Datos Clave
- La parcela está ubicada en suelo no urbanizable de especial protección, según el PGOU de Nerja.
- Los árboles talados eran chirimoyos y olivos centenarios, no especies invasoras.
- Los movimientos de tierra se realizaron sobre roca kárstica, un sustrato frágil y de lenta regeneración.
- No hay constancia pública de una evaluación de impacto ambiental ni de autorización de la Junta de Andalucía.
- Los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos por decisión judicial.
El caso refleja una brecha creciente entre la ejecución de proyectos privados y los controles ambientales efectivos. En 2025, el 68 % de las denuncias por alteración de suelo no urbanizable en Andalucía no derivaron en sanción administrativa por falta de documentación técnica. Esto debilita la confianza ciudadana en la aplicación equilibrada de la ley y pone en riesgo la conservación de espacios como la vega de Maro —patrimonio agrícola, ecológico y cultural reconocido por la UNESCO como parte del Corredor Mediterráneo de Biodiversidad.
