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    Robo de cable de cobre en Fuengirola: apagones, 21.000 euros en daños y operación Farola

    adminBy admin23 de abril de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    Un hombre de 45 años fue detenido en Fuengirola por sustraer cable de cobre del alumbrado público. Sus acciones provocaron apagones masivos, afectaron a negocios y vecinos, y causaron 21.000 euros en daños. La operación ‘Farola’ de la Policía Nacional reveló un patrón de robos estructurado y con impacto directo en la seguridad urbana y la continuidad del servicio eléctrico.

    ¿Cómo afectan los robos de cable de cobre al alumbrado público?

    Los robos de cable de cobre no son simples hurtos de material. Cada sustracción implica la fractura de arquetas, la interrupción de circuitos y la paralización de farolas. En Fuengirola, se identificaron cuatro puntos críticos: calle Tartesio, calle Virgen del Rocío, Parque Poniente y el paseo marítimo. Allí, se sustrajeron 2.840 metros de cable, suficientes para dejar sin luz zonas enteras durante horas.

    El cobre como objetivo prioritario

    El cobre tiene un alto valor en el mercado de la chatarra. Su precio oscila entre 7 y 9 euros por kilogramo. Un metro de cable eléctrico contiene entre 0,8 y 1,2 kg de cobre. Robar 2.840 metros equivale a extraer entre 2.272 y 3.408 kg de metal. Eso explica la motivación económica, pero también el riesgo: sin mantenimiento técnico, las roturas generan cortocircuitos y peligro de electrocución.

    ¿Qué consecuencias legales tiene robar cableado eléctrico?

    Robar cable de cobre de infraestructura pública no es un delito menor. Según el Código Penal español, se encuadra en el artículo 241 (daños en bienes de uso público) y el 233 (hurto agravado por el valor y la afectación a servicios esenciales). La pena puede llegar a 5 años de prisión. Además, el acusado responde civilmente por los 21.000 euros en daños y los costes de reposición urgente.

    Marco legal y responsabilidad municipal

    El Ayuntamiento de Fuengirola es titular del alumbrado público, pero la gestión operativa está externalizada. Eso no exime al consistorio de garantizar la integridad del servicio. La Ley 24/2013 de Eficiencia Energética obliga a los entes locales a proteger sus instalaciones contra sabotajes y robos. La falta de vigilancia en arquetas puede derivar en responsabilidades administrativas.

    ¿Cuál es el impacto económico real de estos robos?

    El daño va mucho más allá de los 21.000 euros en material. Cada apagón afecta a comercios nocturnos, reduce la percepción de seguridad y eleva los costes de mantenimiento. Un estudio de la Asociación Española de Distribuidores de Energía (Aedele) estima que cada robo de cable cuesta, en promedio, 3,2 veces su valor en pérdidas indirectas: reparaciones de emergencia, multas por incumplimiento de calidad del suministro y caída de ingresos fiscales por actividad comercial reducida.

    Datos Clave

    • Se sustrajeron 2.840 metros de cable de cobre, equivalente a más de 2,8 toneladas de metal.
    • Los robos ocurrieron en cuatro ubicaciones estratégicas: paseo marítimo, Parque Poniente y dos calles céntricas.
    • La operación ‘Farola’ se activó tras una denuncia formal del Ayuntamiento de Fuengirola.
    • El sospechoso vendió el material en una chatarrería de Mijas, donde fue identificado mediante análisis de lotes y testimonios técnicos.
    • La Policía Nacional recomienda llamar al 091 ante cualquier manipulación sospechosa en arquetas o postes de luz.

    ¿Qué medidas preventivas están implementando los ayuntamientos andaluces?

    Tras casos como el de Fuengirola, varios municipios de la Costa del Sol han reforzado la protección de sus redes. Instalan cámaras en zonas críticas, sellan arquetas con sistemas antifraude y sustituyen cables de cobre por alternativas de aluminio recubierto en tramos menos sensibles. También se han firmado convenios con chatarrerías para registrar todas las compras de cable eléctrico, obligando a la identificación del vendedor y la trazabilidad del material.

    La importancia de la denuncia ciudadana

    La detención fue posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la empresa gestora del alumbrado y los vecinos. Las cámaras de seguridad privadas y los reportes ciudadanos acortaron el tiempo de investigación. La Policía Nacional insiste: cualquier anomalía en el alumbrado —luces intermitentes, arquetas abiertas o ruidos metálicos nocturnos— debe reportarse inmediatamente.

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