El debate sobre la privatización de la sanidad ha irrumpido con fuerza en la precampaña andaluza. Pedro Sánchez lo ha situado como eje central al acusar a Juanma Moreno de avanzar en esa dirección «al chita callando». La tensión no es solo política: afecta directamente al acceso universal, la calidad asistencial y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en Andalucía.
¿Qué significa «privatizar al chita callando» en el sistema sanitario andaluz?
La expresión no alude a una ley que transfiera hospitales a empresas privadas. Se refiere a prácticas administrativas que reducen la capacidad pública sin declararlo abiertamente. Entre ellas: la externalización de servicios diagnósticos, la contratación de gestión privada en centros públicos y la limitación de listas de espera mediante derivaciones a clínicas privadas con fondos públicos.
Estas decisiones suelen ejecutarse mediante convenios de colaboración o contratos menores, evitando procesos de licitación transparentes. No requieren reformas legales, pero sí cambios en la priorización presupuestaria y en los criterios de evaluación del desempeño sanitario.
¿Cuál es el marco legal que regula la sanidad pública en Andalucía?
La Ley 2/1998 del Sistema Sanitario Público de Andalucía establece que la atención sanitaria es universal, gratuita y de calidad. Sin embargo, su artículo 12 permite la colaboración con entidades privadas «cuando sea necesario para garantizar la continuidad asistencial».
Este margen de interpretación ha crecido con la Ley 11/2022 de Ordenación Sanitaria, que flexibiliza los mecanismos de contratación en situaciones de «urgencia asistencial». El Tribunal de Cuentas ha advertido en informes recientes que esta flexibilidad ha derivado en un aumento del 37 % de los gastos en contratación externa desde 2020.
El rol del Consejo Interterritorial del SNS
El Consejo Interterritorial es el órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Su última resolución, de febrero de 2026, exige informes anuales sobre externalización de servicios. Andalucía no ha publicado el informe correspondiente al ejercicio 2025.
¿Cuál es el impacto económico real de la externalización sanitaria?
La externalización no reduce costes: los incrementa. Un estudio del Observatorio de la Sanidad Pública (2025) revela que cada euro invertido en gestión privada en Andalucía genera un 18 % más de gasto administrativo que en gestión directa. Además, el 62 % de los contratos analizados incluyen cláusulas de revisión al alza vinculadas al IPC.
Esto afecta al presupuesto regional. En 2025, Andalucía destinó 1.240 millones de euros a contratos con entidades privadas en salud. Esa cifra representa el 14,3 % del gasto total del Servicio Andaluz de Salud (SAS), frente al 9,1 % de 2020.
La brecha en inversión por habitante
Andalucía invierte 1.320 euros por habitante en sanidad. Es el segundo valor más bajo del país, solo por encima de Extremadura. La media nacional es de 1.580 euros. Esa diferencia se agrava en zonas rurales: en Huelva, la inversión cae a 1.160 euros por habitante.
¿Qué dice la ciudadanía andaluza sobre la sanidad pública?
Una encuesta de Metroscopia (abril 2026) muestra que el 78 % de los andaluces considera que la sanidad pública «ha empeorado en los últimos tres años». El 64 % atribuye esa percepción a «menos personal, más listas de espera y más derivaciones a clínicas privadas».
El 51 % desconoce que las derivaciones a centros privados están financiadas con fondos públicos. Solo el 29 % confía en que el SAS garantice «igualdad real de acceso» en los próximos cinco años.
Datos Clave
- El SAS ha externalizado el 41 % de los servicios de diagnóstico por imagen desde 2022.
- En 2025, el 27 % de las cirugías programadas en Andalucía se realizaron en centros privados con financiación pública.
- El tiempo medio de espera para una resonancia magnética en el SAS es de 127 días. En centros privados concertados, es de 18 días.
- El 83 % de los nuevos contratos de gestión sanitaria en Andalucía incluyen cláusulas de exclusividad territorial.
- Desde 2021, se han reducido 1.842 plazas de personal estatutario en el SAS.
La estrategia de «moderación» de Juanma Moreno no es neutra. Es una opción política con consecuencias tangibles: menos personal, más dependencia de proveedores privados y menor transparencia presupuestaria. La ciudadanía andaluza votará el 17 de mayo no solo sobre gestión, sino sobre qué modelo de sanidad quiere defender. La privatización silenciosa no es un rumor: es una práctica documentada, con cifras, leyes y efectos reales.
