El Gobierno aprobó en abril de 2026 un proyecto de ley que reduce drásticamente las ratios escolares en educación no universitaria. A partir de septiembre de 2026, las aulas de Primaria tendrán un máximo de 22 alumnos, y las de ESO, de 25. La reforma se aplica de forma progresiva hasta 2031-32 y exige una reorganización pedagógica, presupuestaria y legal sin precedentes en la última década. Su aprobación por el Congreso es el siguiente paso obligado.
¿Cómo se aplican las nuevas ratios escolares en primaria y ESO?
La ley establece límites máximos nacionales: 22 estudiantes por aula en Primaria, frente a los 25 actuales. En ESO, el tope baja de 30 a 25 alumnos. Estos cambios entran en vigor en septiembre de 2026 y se consolidan en tres cursos escolares. No se aplican de golpe, sino con un plan escalonado para garantizar la disponibilidad de docentes, aulas y recursos.
Los alumnos con necesidades especiales cuentan por dos
Cada estudiante con discapacidad intelectual, auditiva, visual, o con trastorno del espectro autista, trastorno del comportamiento o trastorno del lenguaje se computa como dos unidades en el cálculo de la ratio. Esta medida afecta a unos 290.000 escolares. Su objetivo es reforzar la atención individualizada y aliviar la carga docente en aulas inclusivas.
¿Qué impacto económico tiene la reducción de ratios?
La reforma exige una inversión pública sostenida. Se estima que incorporar 15.000 nuevos docentes y adaptar infraestructuras supondrá un incremento anual de 1.200 millones de euros. El Ministerio de Educación financiará el 70 %, y las comunidades autónomas, el 30 %. El gasto se justifica por el retorno educativo: estudios del INE indican que reducir la ratio en un 15 % mejora un 8 % los resultados en competencias básicas a los tres años.
Se priorizan centros con mayor desigualdad educativa
Los centros con más alumnado en situación de vulnerabilidad recibirán refuerzo adicional: más horas de profesorado especializado, dotación de equipos de orientación y fondos para adaptaciones curriculares. Esta focalización responde al principio de equidad del Real Decreto 230/2022, que exige compensar desventajas estructurales.
¿Qué dice el marco legal sobre la implementación progresiva?
La ley se articula bajo el Ley Orgánica 3/2020, de modificación de la LOE, y se alinea con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva 2025-2030. El plazo máximo para su aplicación total es el curso 2031-32, con hitos intermedios obligatorios: 2026-27 (fase piloto en 150 centros), 2027-28 (extensión a todas las comunidades) y 2028-29 (consolidación en infantil, bachillerato y FP básica mediante real decreto).
Educación Infantil, Bachillerato y FP básica: sin cifras fijas aún
La ley obliga a reducir ratios también en Educación Infantil, Bachillerato y FP Básica, pero no fija cifras concretas. El Ministerio de Educación debe publicar un real decreto en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esto permite ajustar los límites según datos reales de matrícula, demografía escolar y capacidad de contratación docente.
¿Qué cambios introduce la ley en la carga lectiva docente?
Además de las ratios, la norma reduce la carga lectiva semanal del profesorado. El máximo pasa de 24 a 22 horas semanales en centros públicos. Esta reducción se aplica desde 2026 y busca mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el síndrome de burnout docente, que afecta al 34 % del personal según el informe del Consejo Escolar de 2025.
Datos Clave
- Las nuevas ratios entran en vigor en septiembre de 2026, con aplicación total en 2031-32
- En Primaria, el límite baja de 25 a 22 alumnos por aula
- En ESO, el tope pasa de 30 a 25 estudiantes
- Los alumnos con necesidades especiales cuentan como dos unidades en el cálculo de la ratio
- Se prevé la incorporación de 15.000 nuevos docentes y una inversión anual de 1.200 millones de euros
- La carga lectiva docente se reduce a 22 horas semanales en centros públicos
