La reciente elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica marca un hito en la política del país, donde su enfoque de seguridad se inspira en las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Con un 48,3% de los votos, Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se ha autoproclamado como la «candidata de la continuidad», prometiendo mantener y expandir las medidas de seguridad implementadas por su predecesor, Rodrigo Chaves. Este artículo explora las implicaciones de su victoria y el contexto político que la rodea.
La victoria de Laura Fernández se produce en un momento crítico para Costa Rica, un país que históricamente se ha considerado un bastión de la democracia en América Latina. Sin embargo, la creciente violencia y la percepción de ineficacia del sistema judicial han llevado a un cambio en la opinión pública, que ahora busca soluciones más drásticas. La participación electoral en esta primera vuelta fue la más alta en dos décadas, lo que refleja un creciente interés y preocupación por el futuro del país.
### La Promesa de Seguridad y Continuidad
Laura Fernández ha prometido que la seguridad será una de sus principales prioridades. Durante su campaña, enfatizó la necesidad de continuar con el enfoque punitivista de su predecesor, Rodrigo Chaves, quien también había adoptado un discurso de mano dura contra el crimen. Fernández ha declarado que no dudará en tomar decisiones difíciles, incluyendo la posibilidad de levantar garantías constitucionales en zonas afectadas por el narcotráfico. Esta postura ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, que ven en estas medidas una amenaza a las libertades individuales.
Uno de los proyectos más ambiciosos que Fernández se ha comprometido a concluir es el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel que busca albergar a más de 5,100 reclusos. Este proyecto ha sido presentado como una solución a la creciente crisis penitenciaria del país, que actualmente opera con un sistema diseñado para menos de 14,000 internos. Sin embargo, la construcción de esta megacárcel ha sido criticada por su enfoque en la militarización y la falta de atención a las causas subyacentes de la violencia.
Además, la presidenta electa ha manifestado su intención de declarar estados de excepción en áreas dominadas por el narcotráfico, lo que le permitiría suspender ciertas garantías individuales para facilitar operativos policiales. Esta estrategia, aunque popular entre algunos sectores de la población, ha sido vista como un paso hacia un gobierno más autoritario, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en Costa Rica.
### El Contexto Político y Social
La elección de Fernández no solo representa un cambio en la presidencia, sino también en la composición de la Asamblea Legislativa. Su partido, el Partido Pueblo Soberano, obtuvo una mayoría absoluta, con 31 de los 57 escaños, lo que le permitirá aprobar leyes sin necesidad de apoyo de la oposición. Esta situación es histórica, ya que no se veía una bancada tan fuerte desde 1982. Sin embargo, aunque esta mayoría le da un poder significativo, no alcanza los 38 votos necesarios para realizar reformas constitucionales, lo que obligará a Fernández a buscar alianzas para implementar cambios más profundos.
La victoria de Fernández también refleja una crisis más amplia en la institucionalidad costarricense. Desde la guerra civil de 1948 y la posterior abolición del ejército, Costa Rica se había consolidado como un modelo de estabilidad democrática en la región. Sin embargo, el desgaste del sistema político y la corrupción han permitido que discursos populistas y antiélite ganen terreno. La ultraderecha ha sabido capitalizar el descontento popular, presentándose como la solución a los problemas que aquejan al país.
El auge de líderes como Fernández y su admiración por Bukele, quien ha sido criticado por su estilo autoritario en El Salvador, plantea un desafío para la democracia en Costa Rica. La polarización política y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales han llevado a un clima de incertidumbre, donde las promesas de mano dura pueden resultar atractivas para un electorado cansado de la violencia y la ineficacia gubernamental.
La situación en Costa Rica no es un fenómeno aislado. En la región, otros países como Honduras y Nicaragua también han visto el ascenso de líderes de derecha que utilizan tácticas similares para consolidar su poder. La victoria de Nasry Asfura en Honduras, a pesar de las irregularidades en el proceso electoral, y el autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua son ejemplos de cómo la democracia en América Central se encuentra en una encrucijada.
La elección de Laura Fernández es un reflejo de un cambio en la narrativa política de Costa Rica, donde la seguridad y la estabilidad parecen haber tomado precedencia sobre los derechos humanos y las libertades civiles. A medida que su gobierno avance, será crucial observar cómo implementa sus políticas y cómo estas afectarán la estructura democrática del país. La presión de la sociedad civil y la comunidad internacional será fundamental para garantizar que Costa Rica no se desvíe de su camino hacia una democracia robusta y participativa.
