La Fiscalía de Córdoba ha iniciado una investigación sobre seis colegios concertados pertenecientes a la Fundación Diocesana Santos Mártires, que es propiedad del Obispado de Córdoba. Este caso ha surgido a raíz de denuncias anónimas que alertaron sobre el posible mal uso de fondos públicos destinados al pago de nóminas de profesores. Las irregularidades se centran en la contratación de docentes que, según las denuncias, no estarían impartiendo clases, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias para esclarecer los hechos.
Los colegios involucrados en esta investigación son Trinidad, San Rafael Obispo, Sansueña, Escuelas Pías de la Inmaculada, Jesús Nazareno y San Acisclo y Santa Victoria. Los directores de estos centros ya han sido llamados a declarar ante la fiscalía. Según fuentes cercanas a la investigación, se ha detectado un patrón de descontrol en la gestión de los fondos públicos que reciben estos colegios desde 2018. En particular, se habla de la existencia de «profesores fantasmas», es decir, docentes que figuran en los horarios enviados a la Junta de Andalucía pero que no están presentes en las aulas.
### La Denuncia y el Proceso de Investigación
La investigación se inició tras recibir dos denuncias anónimas que fueron canalizadas a través de la Policía, el Ministerio Público y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Estas denuncias contenían información que, según la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), podría ser constitutiva de delito. La OAAF decidió remitir el caso a la Fiscalía, lo que ha dado lugar a la actual investigación.
Los colegios investigados reciben fondos públicos a través de un sistema conocido como «pago delegado», que permite a las consejerías de educación abonar las nóminas de los profesores de los centros concertados. Sin embargo, la contratación de estos docentes es responsabilidad de los colegios, que deben justificar las horas lectivas y otros aspectos relacionados con el personal docente. La falta de transparencia en este proceso ha sido uno de los puntos críticos que ha llevado a la Fiscalía a investigar.
Desde la Fundación Santos Mártires, se ha manifestado tranquilidad y confianza en que se aclararán las cuestiones relacionadas con la gestión del concierto educativo. La fundación ha afirmado que está colaborando con la Consejería de Educación en la organización y coordinación de los centros educativos. Sin embargo, las fuentes consultadas por la investigación han señalado que existe un descontrol evidente en la gestión de los fondos públicos, lo que ha suscitado serias dudas sobre la legalidad de las contrataciones realizadas.
### El Sistema de Pago Delegado y sus Irregularidades
El pago delegado es un mecanismo que permite a las consejerías de educación abonar las nóminas de los profesores de los colegios concertados. Este sistema implica que los colegios deben justificar ante la administración educativa las horas lectivas que imparten sus docentes, así como las bajas y permisos. Sin embargo, la falta de supervisión y control por parte de la Consejería de Educación ha permitido que surjan irregularidades en la contratación y pago de los docentes.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado que es habitual que los docentes con responsabilidades administrativas en los colegios no impartan clases, delegando estas funciones en sustitutos que son remunerados con salarios más bajos. Este tipo de prácticas han llevado a la Fiscalía a investigar si algunos directores de los colegios han estado cobrando como profesores sin realmente impartir clases, mientras que otros docentes, que sí están en las aulas, reciben un salario inferior.
La Consejería de Educación ha confirmado que se ha elaborado un informe sobre el pago delegado en estos centros, el cual fue enviado a la Fiscalía. Sin embargo, se ha negado a responder a preguntas específicas sobre la investigación, como el número de docentes mayores de 67 años que aún perciben sueldos a través de este sistema o el presupuesto destinado a salarios con fondos públicos para los colegios investigados. La falta de respuesta por parte de la Consejería ha generado preocupación sobre la efectividad de los mecanismos de control existentes.
La situación se complica aún más al considerar que desde la llegada del Partido Popular al gobierno de la Junta de Andalucía en enero de 2019, las denuncias sobre irregularidades en colegios concertados han recibido poca atención. Esto ha llevado a que muchos casos no sean trasladados a las delegaciones territoriales para su conocimiento, lo que podría haber contribuido a la perpetuación de estas prácticas irregulares.
La investigación de la Fiscalía se centra en determinar si ha existido un uso indebido de los fondos públicos y si se han cometido delitos relacionados con la contratación de personal docente. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de los colegios concertados, especialmente en lo que respecta a la utilización de recursos públicos.
La Fundación Santos Mártires, que gestiona 17 centros educativos y cuenta con más de 5,500 alumnos y 500 profesores, se encuentra en el centro de esta controversia. La comunidad educativa y los padres de los alumnos están a la expectativa de los resultados de la investigación, que podría tener repercusiones significativas en la gestión de los colegios concertados en Andalucía. La situación actual plantea interrogantes sobre la integridad del sistema educativo y la responsabilidad de las instituciones en la supervisión del uso de los fondos públicos destinados a la educación.
