Una menor de 17 años saltó desde el balcón de su vivienda en Torremolinos para escapar de una agresión con hacha, tras el incumplimiento de una orden de alejamiento. El caso evidencia fallas en la ejecución de medidas cautelares y pone en tela de juicio la efectividad de los protocolos de violencia de género juvenil.
¿Qué ocurrió el 28 de marzo de 2023 en Torremolinos?
Eran las 11:30 horas cuando el acusado eludió controles de seguridad y accedió al edificio. Usó el aparcamiento subterráneo, subió entre plantas y se introdujo por una ventana del patio de luces, llegando al lavadero y luego al interior del domicilio.
No había sido autorizado a entrar. Una semana antes, un juzgado le había impuesto una orden de alejamiento tras denuncias previas. Su entrada constituyó allanamiento de morada, quebrantamiento de medida cautelar e intentó de asesinato.
La joven, que acababa de regresar del instituto, fue atacada sin advertencia. Recibió golpes con un hacha en la muñeca derecha, la espalda y la cabeza. Su única opción fue saltar al exterior.
¿Por qué la Fiscalía pide internamiento psiquiátrico y no prisión?
La Fiscalía considera que el acusado actuó con alteración grave de la percepción de la realidad, basándose en informes periciales que señalan trastorno mental grave y falta de capacidad para entender la ilicitud de sus actos.
Factores que influyeron en la petición
- Informe psiquiátrico forense que descarta imputabilidad plena.
- Antecedentes clínicos de desregulación emocional severa y episodios psicóticos no tratados.
- Ausencia de planificación previa: el ataque fue impulsivo, no premeditado.
Esto justifica la solicitud de internamiento en centro psiquiátrico durante 16 años y 9 meses, en lugar de cárcel.
¿Qué dice la defensa de la víctima sobre la sentencia?
La abogada de la joven exige 21 años de prisión, argumentando que el acusado conocía la existencia de la orden y actuó con dolo directo.
Elementos clave de su estrategia jurídica
- El acusado usó medios encubiertos (zapatillas en la mano, ocultación facial) para evitar ser identificado.
- Registró previamente el recorrido: vigiló el edificio y eligió el punto de entrada menos visible.
- Ignoró sistemáticamente advertencias judiciales y sociales.
Esto refuerza la tesis de peligrosidad social persistente, incluso con diagnóstico clínico.
¿Cuál es el impacto real del caso en la política de género y salud mental?
Este caso no es aislado. Revela grietas estructurales en la protección de menores víctimas de violencia machista. En 2025, el 37 % de las denuncias por violencia de género en Andalucía involucraron a víctimas menores de 25 años (INE, 2025).
El marco legal actual —Ley Orgánica 1/2004 y Ley 4/2015 de protección integral— no contempla protocolos específicos para relaciones afectivas adolescentes con riesgo de escalada letal.
Además, el sistema sanitario no garantiza seguimiento obligatorio de agresores con diagnóstico psiquiátrico en procesos penales.
Datos Clave
- El acusado violó una orden de alejamiento emitida solo 7 días antes.
- La víctima sufrió lesiones graves que requirieron cirugía reconstructiva.
- El juicio se celebrará ante jurado popular, lo que implica mayor exposición mediática y presión social.
- El caso activó una investigación interna en el Juzgado de Violencia sobre fallos en la notificación y vigilancia de medidas cautelares.
- Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica, el 62 % de los intentos de asesinato con resultado de fuga ocurren tras incumplimiento de órdenes judiciales.
La economía del caso también impacta: el coste estimado del internamiento psiquiátrico es un 40 % superior al de la prisión ordinaria, según el Ministerio de Sanidad (2025). Sin embargo, la reinserción efectiva de personas con trastornos mentales graves y conducta violenta sigue sin protocolos estandarizados.
La sentencia definirá si prevalece el enfoque terapéutico-penal o el represivo preventivo, marcando un precedente para futuros casos de violencia juvenil con comorbilidad psiquiátrica.
