Irán ejecuta a más de cuatro presos políticos al día, según datos verificables de organizaciones de derechos humanos y reportes judiciales internos filtrados. En 2025, se impusieron al menos 1.639 sentencias de muerte, un aumento del 68% respecto al año anterior. El régimen ha redefinido la disidencia como terrorismo, acelerando juicios sumarios y eliminando garantías procesales. Esta política no es coyuntural: es una estrategia institucionalizada de control social.
¿Por qué Irán ha multiplicado las ejecuciones en 2026?
El régimen iraní ha declarado una «postura de combate propia de tiempos de guerra», según instrucciones del jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei. Esta directiva obliga al Consejo Supremo de Justicia a saltarse los procedimientos estándar. Los tribunales revolucionarios ya no requieren pruebas contundentes ni acceso a defensa adecuada. La acusación de «moharebeh» (enemistad contra Dios) o «efsad-e-filarz» (corrupción en la tierra) basta para condenar a muerte.
El rol de los tribunales revolucionarios
Estos tribunales operan fuera del sistema judicial ordinario. Sus jueces no son independientes. Sus sentencias no admiten recurso efectivo. Desde 2024, más del 72% de las ejecuciones se originan en estos órganos. La mayoría de los condenados son jóvenes, activistas de género, periodistas independientes o participantes en protestas como las de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.
¿Cómo se justifica legalmente esta ola de represión?
El Código Penal Islámico de Irán permite la pena de muerte por más de 20 delitos, muchos de ellos ambiguos y subjetivos. La reforma de 2023 amplió la categoría de «terrorista» para incluir a quienes «socavan la seguridad moral del Estado». Esto permite encarcelar y ejecutar a personas por publicar un video, firmar una petición o asistir a una manifestación pacífica.
La instrumentalización del sistema legal
No hay separación real de poderes. El poder judicial depende directamente del Líder Supremo, quien nombra y destituye al jefe del sistema. Las leyes no se aplican de forma uniforme: se aplican selectivamente contra opositores, mientras se ignoran crímenes de funcionarios estatales. Esta falta de independencia judicial es un factor clave en la impunidad estructural.
¿Cuál es el impacto económico y geopolítico de esta política?
Las ejecuciones masivas erosionan la credibilidad internacional de Irán. La Unión Europea ha congelado fondos de cooperación judicial y suspendido el diálogo sobre derechos humanos. Empresas multinacionales retrasan inversiones por riesgo reputacional. Según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa cayó un 31% en 2025, vinculada directamente a la percepción de inestabilidad institucional.
Sanciones y aislamiento financiero
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha ampliado las sanciones a 17 jueces y fiscales por «crímenes contra la humanidad». Esto bloquea sus activos y prohíbe transacciones con entidades bancarias occidentales. El efecto colateral: el sistema financiero iraní enfrenta mayores dificultades para operar en divisas y acceder a mercados globales.
¿Qué dice el marco internacional sobre las ejecuciones políticas?
Irán es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que prohíbe las ejecuciones arbitrarias y exige garantías mínimas en juicios capitales. Sin embargo, no ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo, que busca la abolición de la pena de muerte. La ONU ha emitido 12 resoluciones críticas desde 2022, pero carece de mecanismos de ejecución vinculantes.
Datos Clave
- En 2025, Irán ejecutó al menos 1.639 personas, la cifra más alta desde 1989.
- El 68% de aumento anual en sentencias de muerte es el mayor registrado en tres décadas.
- Más del 72% de las ejecuciones provienen de tribunales revolucionarios, no civiles.
- El régimen clasifica como «terroristas» a manifestantes pacíficos desde 2024.
- La UE y EE.UU. han impuesto sanciones específicas a 17 funcionarios judiciales por violaciones sistemáticas.
El contexto actual revela una normalización de la violencia estatal como herramienta de gobernabilidad. Esta estrategia no solo viola el derecho internacional: socava la estabilidad regional, desincentiva la cooperación económica y profundiza el aislamiento del régimen. La escalada no es un síntoma de fuerza, sino de fragilidad institucional creciente.
