El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 revela que Rusia ejecuta campañas de desinformación estratégica contra España. Estas operaciones buscan polarizar la opinión pública, socavar la confianza en las instituciones y debilitar el respaldo a Ucrania. El documento, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, confirma que la desinformación ya forma parte de las estrategias híbridas dirigidas contra Europa.
¿Qué dice el informe sobre la desinformación rusa en España?
El informe identifica a la Federación de Rusia como actor principal en campañas desinformativas con enfoque oportunista. Estas no son esporádicas: están planificadas, escaladas y adaptadas a distintos entornos digitales. El Kremlin prioriza objetivos concretos: influir en élites políticas, promover narrativas prorrusas y erosionar la cohesión social.
El documento subraya que las operaciones ya no dependen solo de canales tradicionales. Ahora se extienden a plataformas como TikTok y Discord, aunque su incidencia allí sigue siendo menor. También destaca el uso creciente de proxies —actores aparentemente independientes— para disfrazar el origen de las campañas y lograr mayor credibilidad.
¿Cómo se financian y organizan estas campañas?
Las operaciones desinformativas rusas no funcionan al azar. Operan bajo estructuras con soporte institucional y financiación estatal. El informe señala que el Kremlin coordina esfuerzos entre agencias estatales, medios afines y redes de influencers locales. Estas redes reciben instrucciones temáticas, cronogramas de difusión y guías de tono para simular autenticidad.
Uso de inteligencia artificial y microsegmentación
El informe advierte que Rusia ha incorporado inteligencia artificial para generar contenido falso a gran escala. También aplica microsegmentación para personalizar mensajes según perfil ideológico, geográfico o demográfico. Esto aumenta su efectividad y dificulta su detección.
¿Qué impacto económico tiene la desinformación en España?
La desinformación no es solo un riesgo político: es un factor de inestabilidad económica. El informe vincula la pérdida de confianza institucional con retrasos en decisiones estratégicas, como inversiones en defensa cibernética o cooperación europea en ciberseguridad. Además, campañas que desacreditan a sectores clave —como energía o agricultura— pueden afectar mercados y generar volatilidad en precios.
España ha destinado 120 millones de euros al Plan Nacional de Ciberseguridad 2023–2027, parte del cual se orienta a contramedidas contra desinformación. Sin embargo, el informe señala que la inversión sigue por debajo de la media de la UE.
¿Qué marco legal regula la respuesta española?
España carece de una ley específica contra la desinformación. Su respuesta se articula mediante tres ejes: el Código Penal (artículos sobre difamación y sabotaje informático), la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, el Real Decreto-ley 12/2022 fortaleció los mecanismos de coordinación interministerial contra amenazas híbridas.
No obstante, el informe reconoce una brecha regulatoria: no existe un marco para sancionar a plataformas que alberguen contenido desinformativo con impacto nacional. La propuesta de Ley de Resiliencia Democrática, aún en tramitación, busca cerrar ese vacío.
Datos Clave
- El 68 % de las campañas desinformativas detectadas en España en 2025 tuvieron origen vinculado a actores rusos, según el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).
- Las redes sociales más explotadas: X (Twitter), Telegram, y en crecimiento: TikTok y Discord.
- El 41 % de los bulos analizados contenían falsedades verificables sobre Ucrania, con el objetivo de justificar la invasión o deslegitimar la ayuda occidental.
- El Gobierno ha activado 14 protocolos de respuesta coordinada entre Interior, Exteriores y Defensa desde enero de 2025.
El informe subraya que la desinformación ya no es un fenómeno marginal. Es una amenaza estructural que exige respuestas técnicas, legales y educativas. Su combate requiere alianzas con la sociedad civil, plataformas digitales y organismos europeos como la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA) y el Centro Europeo de Lucha contra la Desinformación (EUvsDisinfo).
