Málaga vive una escalada sin precedentes de precios de alquiler, con subidas superiores al 28 % en tres años. Al mismo tiempo, el salario medio en la provincia se estanca en 1.420 € mensuales. Esta brecha alimenta la convocatoria de Málaga Para Vivir para el 27 de junio: una manifestación que exige políticas públicas reales y apuesta por una huelga general por la vivienda.
¿Por qué se convoca una nueva manifestación el 27 de junio?
La fecha no es casual. Coincide con el cierre de la campaña electoral para las elecciones autonómicas andaluzas, y busca presionar a los partidos con competencias en vivienda. El lema —«¡Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos!»— sintetiza una crisis estructural: el 63 % de los jóvenes malagueños vive de alquiler, y el 41 % dedica más del 40 % de sus ingresos a ese gasto.
El movimiento denuncia la inacción del Gobierno andaluz de Paco de la Torre, así como la falta de coordinación entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno central. Ninguno ha activado mecanismos efectivos de control de precios ni ampliado el parque de vivienda de alquiler asequible.
¿Qué ha pasado desde la manifestación de abril de 2025?
Tras la convocatoria estatal del 5 de abril, el colectivo mantuvo la presión con estrategias híbridas. Organizó asambleas de barrio en Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla y El Perchel. Instaló pancartas urbanas en avenida de Valle-Inclán y Ciudad Jardín con la pregunta: «¿La ciudad para quién?».
Además, ha brindado acompañamiento jurídico y emocional a familias en riesgo de desahucio, y ha respaldado huelgas de trabajadoras del sector servicios. Su participación en la huelga contra la guerra en Gaza, en octubre de 2025, reforzó su red de alianzas con colectivos feministas, migrantes y sindicales.
¿Cómo se articula la presión económica y política?
El movimiento vincula explícitamente la crisis de la vivienda con el modelo económico regional. El 72 % de los alquileres en Málaga está en manos de fondos de inversión y socimis. Estas entidades pagan menos del 1 % de impuestos reales sobre sus beneficios, gracias a lagunas fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y al régimen especial de socimis.
La Junta de Andalucía no ha modificado su Ley de Vivienda 2022, que carece de sanciones reales para los abusos de los propietarios. Tampoco ha ejecutado el 30 % de las viviendas públicas comprometidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2023–2027.
¿Qué exige Málaga Para Vivir en esta nueva etapa?
El colectivo reclama tres medidas inmediatas: la aprobación de un Decreto Ley de Alquileres Justos, la creación de un Registro Público de Propietarios y la expropiación temporal de viviendas vacías con más de dos años de antigüedad.
Estas demandas se alinean con la Ley Estatal de Vivienda 2023, que obliga a las comunidades autónomas a regular los alquileres en zonas tensionadas. Málaga está declarada tal desde 2024 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
¿Cuál es el marco legal vigente?
La Ley 8/2023 de Vivienda establece límites al aumento de alquileres en zonas tensionadas: no más del 2 % anual, salvo que se justifique con una revisión de costes. Pero su aplicación depende de los gobiernos autonómicos. Andalucía no ha desarrollado el decreto reglamentario necesario.
También rige el Real Decreto-Ley 7/2023, que refuerza los derechos de los inquilinos frente a desahucios exprés. Sin embargo, los juzgados de Málaga siguen tramitando 127 desahucios al mes, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abril de 2026.
Datos Clave
- El precio medio del alquiler en Málaga capital es de 12,8 €/m², un 28,3 % más que en 2023.
- El 54 % de los hogares malagueños no accede a vivienda protegida por falta de ingresos o listas de espera superiores a 8 años.
- Andalucía tiene el segundo parque de vivienda vacía más alto de España: 22,7 % del total.
- Desde 2024, Málaga Para Vivir ha organizado 4 manifestaciones, 17 asambleas de barrio y 23 intervenciones urbanas.
- El 68 % de los desahucios en 2025 afectaron a mujeres solas con menores a su cargo.
El movimiento no se limita a protestar. Construye alternativas: impulsa cooperativas de vivienda, talleres de autoconocimiento jurídico y redes de intercambio de vivienda temporal. Su fuerza radica en la articulación entre lo local y lo sistémico: la vivienda no es un bien de consumo, sino un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
