La reciente decisión de varios fondos de inversión en España, como Blackstone y Cerberus, de poner a la venta más de 25.000 viviendas ha reavivado un viejo debate sobre la expropiación de propiedades. Este movimiento, que ha generado un gran revuelo en la opinión pública, plantea preguntas sobre el derecho a la vivienda y la función social de las propiedades inmobiliarias. La expropiación, aunque a menudo vista como un tabú, es un mecanismo legal que podría ofrecer soluciones a la crisis de vivienda que enfrenta el país.
La venta de estas viviendas, muchas de las cuales fueron adquiridas a precios muy bajos en el pasado, ha suscitado una ola de indignación entre los sectores más progresistas de la política española. La frase «¡Exprópiense!» ha resonado en las redes sociales, impulsada por figuras políticas que abogan por una intervención más activa del Estado en el mercado de la vivienda. Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, ha sido uno de los principales defensores de esta idea, argumentando que la vivienda debe ser un derecho humano y no un mero producto de inversión.
### La Legalidad de la Expropiación
La expropiación no es un concepto nuevo en el ámbito legal español. De hecho, está contemplada en la Constitución, que establece que el derecho a la propiedad privada puede ser limitado por razones de utilidad pública o interés social. Esta disposición ha sido utilizada en diversas ocasiones por las administraciones públicas para llevar a cabo proyectos que beneficien a la comunidad.
La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, aunque de origen franquista, sigue vigente y establece los procedimientos que deben seguirse para llevar a cabo una expropiación. Según Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda, este mecanismo podría ser aplicado al ámbito de la vivienda de manera más efectiva, reconociendo su función social. «No se trata de un fetiche de la izquierda», señala Palomo, «sino de un procedimiento que puede ser utilizado para abordar la crisis habitacional actual».
Las administraciones públicas, incluyendo el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, son las únicas entidades con la capacidad de expropiar. Sin embargo, deben justificar la necesidad de la expropiación, lo que implica presentar argumentos sólidos sobre la utilidad pública del bien en cuestión. Por ejemplo, un edificio abandonado en una zona con alta demanda de vivienda podría ser un candidato para la expropiación, siempre que se demuestre que su uso beneficiaría a la comunidad.
### La Función Social de la Vivienda
El debate sobre la expropiación de viviendas también pone de relieve la necesidad de redefinir la función social de la vivienda. En un contexto donde los precios de los alquileres y las hipotecas han alcanzado niveles insostenibles, muchos argumentan que la vivienda no debería ser tratada como un simple activo financiero. La idea es que las propiedades deben servir para satisfacer las necesidades de la población, en lugar de ser utilizadas como instrumentos de especulación.
Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Sumar, ha expresado su apoyo a la expropiación de viviendas en desuso pertenecientes a entidades bancarias y fondos de inversión. Según él, esta medida no solo ayudaría a frenar la acumulación de propiedades vacías, sino que también podría ser una forma de que las instituciones financieras devuelvan a la sociedad lo que han recibido en forma de rescates públicos.
Además de la expropiación, existen otras herramientas que podrían ser utilizadas para abordar la crisis de vivienda. Una de ellas es la fórmula del tanteo y retracto, que otorga prioridad de compra a las administraciones públicas. Esta opción ha sido propuesta en diversas ocasiones, aunque ha encontrado resistencia por parte de algunos sectores políticos.
La crisis de vivienda en España es un problema que no puede esperar más. Las propuestas de intervención en el mercado inmobiliario, como la expropiación y el tanteo, son vistas como medidas necesarias para garantizar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos. La vivienda debe ser considerada un derecho fundamental, y no un lujo reservado para unos pocos. La movilización de recursos públicos para garantizar este derecho es un paso esencial hacia una sociedad más justa y equitativa.
En este contexto, la expropiación de viviendas se presenta como una opción viable para abordar la crisis habitacional. Aunque el debate es complejo y está lleno de matices, es evidente que se necesita una acción decidida para garantizar que la vivienda cumpla su función social. La intervención del Estado en el mercado de la vivienda podría ser la clave para revertir la tendencia de especulación y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno.
