La reciente aprobación de un nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) en la Diputación de Málaga ha desatado un intenso debate político entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este plan, que destina 39 millones de euros a las localidades de la provincia, ha puesto de manifiesto las diferencias en los criterios de reparto de fondos entre los dos principales partidos de la región. Los alcaldes socialistas han denunciado lo que consideran un agravio hacia los pequeños municipios, mientras que el equipo de gobierno del PP defiende su enfoque basado en la población.
Los alcaldes del PSOE, liderados por su portavoz Josele González, se han manifestado enérgicamente en las puertas de la Diputación, argumentando que el reparto de los fondos es injusto. Según ellos, los 88 municipios con menos de 20,000 habitantes, que representan el 84% de la provincia, solo recibirán el 56% de la financiación, mientras que las 17 localidades más grandes, que constituyen el 16% del total, acaparan el 44%. Esta situación ha sido calificada por los socialistas como un «castigo» a los pequeños pueblos, que a menudo enfrentan mayores dificultades económicas y de desarrollo.
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno provincial, Cristóbal Ortega, ha defendido la decisión de repartir los fondos en función de la población. Ortega ha afirmado que «gobernamos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan», y ha destacado que nunca antes se había destinado tanto dinero a los ayuntamientos, tanto grandes como pequeños. En su intervención, recordó que este año se han asignado 73,3 millones de euros a los municipios menores de 20,000 habitantes, lo que representa el 76,5% del total de 95,7 millones de euros disponibles. Esta cifra, según Ortega, es comparable a la de 2024, cuando se transfirieron 119 millones de euros, de los cuales el 76,5% también fue destinado a los pequeños municipios.
### Demandas de Rectificación por Parte del PSOE
Los regidores socialistas han exigido al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que rectifique el reparto del último PAEM, argumentando que fue aprobado «sin diálogo, sin consenso y en contra del espíritu de cooperación que debe guiar la política provincial». Francisco Martínez, alcalde de Álora, ha criticado duramente el plan, señalando que su financiación proviene íntegramente de fondos del Gobierno y que el PP ha optado por un reparto «injusto, desequilibrado y profundamente desigual». Martínez ha enfatizado que los pequeños pueblos reciben «cuatro veces menos que los grandes», lo que considera un claro agravio.
Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina, también ha expresado su descontento, afirmando que la Diputación ha perdido su esencia de ser una institución que defiende y apoya a los municipios más necesitados. Sevillano ha anunciado que llevará esta reivindicación al próximo pleno, donde intervendrá en la Tribuna de Alcaldes para hacer escuchar la voz de los pequeños municipios.
En respuesta a las críticas, Cristóbal Ortega ha instado a los alcaldes socialistas a que, si están en desacuerdo con el PAEM, pidan explicaciones a sus propios diputados provinciales, quienes se abstuvieron de votar en contra en el último pleno. Ortega ha retado a los socialistas a explicar a los vecinos de localidades como Torremolinos, Benalmádena, Vélez-Málaga o Cártama por qué no quieren que se destinen fondos a sus ayuntamientos.
### La Perspectiva del PP sobre el Reparto de Fondos
El PP ha defendido su enfoque en el reparto de fondos, argumentando que la financiación no proviene del Gobierno de España, como han afirmado los socialistas, sino que corresponde a la provincia de Málaga en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Esta aclaración busca desmarcar al PP de las críticas que sugieren que el gobierno central está influyendo en la distribución de los recursos.
La controversia sobre el reparto de fondos en la Diputación de Málaga refleja una lucha más amplia entre los partidos políticos sobre cómo abordar las necesidades de los diferentes municipios. Mientras que el PSOE aboga por un enfoque más equitativo que considere las particularidades de los pequeños pueblos, el PP sostiene que un criterio poblacional es más justo y eficiente para la distribución de recursos.
A medida que se desarrollan estos debates, es evidente que la política local en Málaga está marcada por tensiones entre la necesidad de apoyo a los municipios más pequeños y la realidad de un sistema que a menudo favorece a las localidades más grandes. La forma en que se resuelva esta disputa podría tener un impacto significativo en el futuro de la financiación municipal y en la relación entre la Diputación y los diferentes gobiernos locales.
