La situación energética en España ha generado un intenso debate político, especialmente tras el apagón que afectó a gran parte del país en abril. En este contexto, el partido Podemos ha decidido votar en contra del decreto que busca reforzar el sistema eléctrico, argumentando que la norma no aborda adecuadamente los problemas estructurales del sector energético. El portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha expresado su descontento con el contenido del decreto, señalando que no se establecen medidas efectivas para prevenir futuros apagones ni se imponen sanciones a las empresas del oligopolio eléctrico.
**Críticas al decreto y a la gestión del Gobierno**
Durante una reciente rueda de prensa, Fernández destacó que el decreto es un reflejo de la forma de legislar del actual Gobierno, que, según él, se basa en escuchar a las grandes empresas energéticas en lugar de atender el interés general de la población. «Este decreto no establece obligaciones claras para las empresas del oligopolio, ni fija sistemas de compensación que eviten caídas de tensión como la del apagón de abril», afirmó. Además, subrayó que la norma no contempla multas para sancionar comportamientos irresponsables de las compañías, lo que, a su juicio, pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
El portavoz de Podemos también hizo hincapié en que el informe del Gobierno sobre el apagón revela que las empresas han estado priorizando sus beneficios económicos sobre la seguridad del sistema eléctrico. Según Fernández, las energías de respaldo, como la térmica de Iberdrola, estaban apagadas en el momento del incidente, lo que contribuyó a la crisis. «Las energías de respaldo estaban apagadas porque eso les permite seguir haciendo beneficio», argumentó, criticando la falta de acción del Gobierno para regular adecuadamente a estas empresas.
**Subvenciones controvertidas y el impacto ambiental**
Otro de los puntos que ha llevado a Podemos a oponerse al decreto es la inclusión de subvenciones a las macrogranjas, que, según el partido, continúan contaminando el medio ambiente y gastando recursos hídricos en un contexto de sequía. Fernández denunció que el Gobierno ha «colado» esta medida en el texto del decreto, lo que refleja una falta de compromiso con la sostenibilidad y el bienestar ambiental.
La oposición de Podemos se suma a la de otros partidos, como el PP y Vox, lo que hace prever que el decreto no logrará los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso. La votación está programada para el martes, y la decisión de Podemos será crucial, dado que su ‘no’ podría ser determinante para que la norma decaiga. A la espera de conocer la postura de los diputados de Junts, que también han mostrado reticencias hacia el decreto, la situación se presenta incierta.
El debate sobre la energía en España no solo se centra en la necesidad de un sistema eléctrico más robusto, sino también en la urgencia de abordar las prácticas empresariales que pueden comprometer la seguridad y el bienestar de la población. La postura de Podemos refleja una creciente preocupación por la influencia de las grandes corporaciones en la política energética y la necesidad de una regulación más estricta que priorice el interés público sobre los beneficios privados.
A medida que se acerca la votación, el ambiente político se calienta, y las diferentes fuerzas políticas se preparan para defender sus posiciones. La situación energética en España es un tema que seguirá generando controversia y debate, especialmente en un contexto donde la transición hacia energías más sostenibles es cada vez más urgente. La respuesta del Gobierno y la capacidad de los partidos para llegar a consensos serán claves para determinar el futuro del sistema eléctrico en el país.
