En un contexto de creciente descontento entre los trabajadores del sector público en España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han llevado a cabo una movilización significativa frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Esta acción se enmarca en una serie de reclamaciones dirigidas al Gobierno, que los sindicatos consideran ha abandonado a los funcionarios en cuestiones clave que afectan su bienestar laboral y económico.
La concentración, que reunió a decenas de personas, tuvo como objetivo principal exigir al Ejecutivo que cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Este acuerdo incluye aspectos fundamentales como la jubilación parcial, la clasificación profesional y la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales. La falta de avances en estas áreas ha generado un clima de frustración entre los trabajadores, quienes sienten que sus derechos están siendo ignorados.
### La Congelación Salarial y sus Consecuencias
Uno de los puntos más críticos que se abordaron durante la movilización fue la falta de negociación sobre el incremento salarial correspondiente a 2025. Según los sindicatos, esto implica una congelación efectiva de los salarios para más de tres millones y medio de trabajadores públicos en todas las administraciones. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, subrayó que «la economía de este país es creciente y no hay excusa alguna para no cumplir con los derechos legítimos de los trabajadores». Esta afirmación resuena en un momento en que España se posiciona como líder en crecimiento económico dentro de la eurozona, lo que hace aún más incomprensible la inacción del Gobierno en materia salarial.
Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, también hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas efectivas que garanticen mejoras salariales. La situación actual, caracterizada por la falta de avances en la negociación salarial, ha llevado a muchos trabajadores a cuestionar la voluntad del Gobierno para abordar sus necesidades y preocupaciones.
### La Alta Temporalidad y sus Implicaciones
Otro tema de gran relevancia que surgió durante la movilización fue la elevada tasa de temporalidad en el sector público, que alcanza el 28%. Esta situación ha sido objeto de críticas por parte de CCOO y UGT, quienes exigen al Gobierno que cumpla con los procesos de estabilización en todas las administraciones. Los sindicatos argumentan que la temporalidad no solo afecta la calidad del empleo, sino que también repercute negativamente en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.
Ambos sindicatos han solicitado la implementación de sanciones ejemplares para aquellas administraciones, instituciones o empresas públicas que no cumplan con los procesos de estabilización. Esta medida, según ellos, es esencial para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que se acabe con la precariedad laboral que afecta a miles de empleados públicos.
Además, el sindicato CSIF también ha hecho eco de estas demandas, enfatizando la necesidad de sancionar a los gestores que incumplan los límites de temporalidad establecidos por la legislación. CSIF sostiene que la única manera de combatir de manera efectiva el abuso y la precariedad laboral es a través de la responsabilidad civil de aquellos que gestionan los recursos humanos en el sector público.
### La Oferta Pública de Empleo y el Futuro de la Administración
En medio de estas movilizaciones, los sindicatos han expresado su disconformidad con una oferta pública de empleo que aún está pendiente de aprobación. Consideran que esta oferta no aborda adecuadamente las necesidades que tiene la ciudadanía y que, por lo tanto, no contribuirá a resolver los problemas de falta de personal en áreas críticas como la sanidad y la educación.
La falta de una oferta pública de empleo robusta y efectiva puede llevar a un envejecimiento de las plantillas y a una disminución en la calidad de los servicios públicos. Los sindicatos han enfatizado que es fundamental rejuvenecer las plantillas para garantizar un servicio público eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad.
### Desafíos en el Contexto Europeo
La situación de los trabajadores públicos en España no solo es un problema nacional, sino que también se enmarca en un contexto europeo más amplio. Recientemente, la Comisión Europea aprobó un desembolso de fondos europeos para España, pero redujo la cantidad en 627 millones de euros debido a la percepción de que las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público son insuficientes. Esta reducción pone de manifiesto la presión que enfrenta el Gobierno español para abordar de manera efectiva los problemas de temporalidad y precariedad laboral en el sector público.
Los sindicatos han dejado claro que continuarán luchando por los derechos de los trabajadores públicos y que no cesarán en sus movilizaciones hasta que se logren avances significativos en las negociaciones salariales y en la estabilización del empleo. La situación actual representa un desafío no solo para los trabajadores, sino también para la calidad de los servicios públicos en España, que dependen en gran medida de la satisfacción y el bienestar de quienes los prestan.
