En un contexto de creciente descontento entre los trabajadores del sector público en España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han llevado a cabo una movilización significativa frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Esta protesta, que reunió a decenas de personas, se centró en la exigencia de que el Gobierno cumpla con sus compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Entre los temas más destacados de la protesta se encuentran la necesidad de abordar la jubilación parcial, la clasificación profesional y la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales.
Los representantes de CCOO y UGT han subrayado que el Gobierno aún no ha iniciado las negociaciones para el incremento salarial correspondiente al año 2025. Esta situación ha llevado a que más de 3.5 millones de trabajadores del ámbito público enfrenten una congelación de sus sueldos, lo que ha generado un clima de frustración y descontento. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha declarado que «la economía de este país es creciente y no hay excusa alguna para no cumplir con los derechos legítimos de los trabajadores». Por su parte, Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, ha exigido medidas efectivas que garanticen mejoras salariales, especialmente en un momento en que España se posiciona como líder en crecimiento económico dentro de la eurozona.
La alta tasa de temporalidad en el sector público, que alcanza el 28%, ha sido otro de los puntos críticos abordados durante la movilización. Los sindicatos han instado al Gobierno a cumplir con los procesos de estabilización en todas las administraciones y a establecer sanciones ejemplares para aquellas instituciones que no lo hagan. Esta elevada temporalidad no solo afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino que también repercute en la calidad del servicio público ofrecido a la ciudadanía.
### La Necesidad de Rejuvenecer las Plantillas Públicas
Uno de los objetivos principales de CCOO y UGT es el rejuvenecimiento de las plantillas en el sector público. Ambos sindicatos han argumentado que la implementación de procesos de estabilización, junto con la posibilidad de jubilación parcial, son medidas esenciales para lograr este objetivo. Sin embargo, han expresado su disconformidad con la oferta pública de empleo que actualmente está pendiente de aprobación, considerándola insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.
Además de la movilización de CCOO y UGT, el sindicato CSIF también ha emitido un comunicado en el que se suman a las demandas de sanciones para aquellos que abusan de la temporalidad. CSIF ha señalado que la tasa de reposición, que limita la contratación de personal, ha llevado a un aumento en el uso de contratos temporales, especialmente en sectores críticos como la sanidad y la educación. Este sindicato ha enfatizado que los gestores que incumplan con los límites de temporalidad establecidos en la legislación deben ser sancionados y asumir responsabilidades civiles, ya que esto es fundamental para combatir la precariedad laboral.
La situación actual en el sector público no solo refleja un problema de derechos laborales, sino que también plantea interrogantes sobre la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. La falta de estabilidad laboral y la incertidumbre en las condiciones de trabajo pueden tener un impacto directo en la eficiencia y efectividad de las administraciones públicas. Por lo tanto, la resolución de estos problemas no solo es crucial para los trabajadores, sino también para el bienestar general de la sociedad.
### La Respuesta del Gobierno y el Contexto Europeo
En medio de estas movilizaciones, la Comisión Europea ha aprobado recientemente un desembolso de fondos europeos para España, aunque ha decidido reducir la cantidad en 627 millones de euros. Esta reducción se debe a la percepción de que las medidas adoptadas por el Gobierno español para reducir la temporalidad en el sector público son insuficientes, especialmente a la luz de dos sentencias de la Justicia europea. A pesar de que estas medidas habían sido validadas en el primer pago aprobado en diciembre de 2021, la situación actual ha llevado a un escrutinio más riguroso de las políticas laborales en el país.
La presión sobre el Gobierno para abordar estas cuestiones es cada vez mayor. Los sindicatos han dejado claro que no se detendrán en sus demandas hasta que se implementen cambios significativos que garanticen los derechos de los trabajadores públicos. La movilización de CCOO y UGT es solo una muestra del creciente descontento en el sector, y es probable que se vean más acciones en el futuro si no se logran avances concretos en las negociaciones laborales. La situación actual es un reflejo de la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre el Gobierno y los sindicatos, para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores y se mejore la calidad de los servicios públicos en España.
