La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande de España, se encuentra en una situación financiera crítica que ha llevado a sus autoridades a considerar la posibilidad de solicitar un préstamo a la Comunidad de Madrid. Esta decisión se produce en un contexto de recurrentes advertencias sobre la falta de fondos públicos y un déficit estructural que ha afectado a la universidad durante años. La solicitud de crédito, que asciende a 34.469.224,34 euros, tiene como objetivo cubrir las nóminas y otros gastos esenciales para el próximo curso académico 2025/26.
La UCM ha confirmado que la solicitud está diseñada para afrontar pagos en todos los capítulos presupuestarios, reflejando la gravedad de su situación económica. Sin embargo, los detalles de esta solicitud aún no han sido discutidos públicamente, ya que deben ser aprobados por el Consejo Social de la universidad. A pesar de que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha reconocido las conversaciones sobre este préstamo, no se ha presentado ninguna propuesta formal.
### La Infrafinanciación de la Universidad Pública
La falta de financiación adecuada para las universidades públicas en la Comunidad de Madrid no es un fenómeno nuevo. Desde hace años, la UCM y otras instituciones han denunciado la insuficiencia de recursos que les impide operar de manera efectiva. En este sentido, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de críticas por no abordar de manera efectiva las necesidades financieras de estas instituciones.
Durante un acto inaugural del curso académico en la Universidad de Alcalá, Ayuso destacó la importancia de las universidades madrileñas como embajadoras de la región, pero no hizo mención alguna a la crisis que enfrenta la Complutense. Esta omisión ha generado un descontento considerable entre los rectores y la comunidad educativa, quienes consideran que la falta de inversión ha llevado a una precariedad insostenible.
El Gobierno de Ayuso ha argumentado que ha realizado transferencias corrientes a las universidades por un total de 1.052 millones de euros. Sin embargo, los rectores de las universidades públicas han señalado que esta cifra es insuficiente y que las necesidades reales son mucho mayores. En una carta enviada a la presidenta, los rectores pidieron una solución a la insostenibilidad económica que enfrentan, sugiriendo que el Gobierno debería asumir directamente el coste del préstamo que la UCM está considerando.
### La Ley de Enseñanzas Superiores y su Controversia
En medio de esta crisis financiera, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Este proyecto ha suscitado una fuerte oposición en el ámbito académico, ya que se teme que la ley busque reducir la financiación pública a las universidades, obligándolas a buscar recursos a través de capital privado.
Los borradores de la ley sugieren que el Gobierno no aportará más del 70% del presupuesto de las universidades, lo que podría llevar a una privatización parcial de la educación superior. Esta propuesta ha sido recibida con preocupación por parte de los rectores, quienes advierten que la dependencia de fondos privados podría comprometer la calidad y la independencia de las instituciones públicas.
La situación se complica aún más con la negativa del Gobierno de Ayuso a aceptar propuestas de la oposición para inyectar recursos adicionales en las universidades. Durante la discusión de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, el partido Más Madrid propuso destinar 300 millones de euros a las universidades públicas, pero esta iniciativa fue rechazada por el Gobierno, lo que ha intensificado las críticas sobre la falta de compromiso con la educación pública.
La UCM, al igual que otras universidades de la región, se enfrenta a un futuro incierto. La posibilidad de solicitar un préstamo para cubrir nóminas es un síntoma de una crisis más profunda que requiere atención inmediata. La comunidad educativa espera que el Gobierno tome medidas efectivas para abordar la infrafinanciación y garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en Madrid. La falta de acción podría tener consecuencias graves no solo para la UCM, sino para el sistema educativo en su conjunto, afectando a miles de estudiantes y profesionales que dependen de una educación superior de calidad.
