La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado en el centro de numerosas controversias en los últimos años, especialmente en relación con su papel en investigaciones de corrupción que afectan a figuras políticas de alto perfil. La velocidad y la eficacia de sus investigaciones han sido objeto de debate, y las críticas sobre su imparcialidad han crecido, especialmente en casos mediáticos como el de Santos Cerdán y el caso Montoro.
La UCO, que se estableció durante el segundo mandato de Felipe González, ha visto un aumento significativo en su personal y en el número de investigaciones que lleva a cabo. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una serie de cuestionamientos sobre la calidad y la imparcialidad de su trabajo. Los informes elaborados por la UCO han sido fundamentales en varios casos de corrupción, pero también han sido criticados por errores y omisiones que han puesto en duda su credibilidad.
Uno de los casos más destacados es el de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, quien ha denunciado que fue víctima de espionaje ilegal por parte de la UCO. Este tipo de acusaciones no son aisladas; otros políticos, incluidos el exministro José Luis Ábalos y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también han expresado su desconfianza hacia la unidad. Las críticas se centran en la supuesta falta de interés en investigar a fondo y en la tendencia a omitir pruebas que podrían ser favorables a los investigados.
### La UCO en el Caso Montoro: Retrasos y Críticas
El caso Montoro, que investiga una trama de corrupción relacionada con reformas legislativas a cambio de sobornos, ha puesto de manifiesto la ineficiencia de la UCO. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, ha manifestado su frustración por la lentitud de la UCO en la entrega de informes cruciales. A pesar de que se habían solicitado movimientos bancarios de varias empresas implicadas, la UCO tardó casi 16 meses en presentar un informe que, según expertos, carecía de profundidad y no abordaba todas las operaciones relevantes.
Este tipo de retrasos ha llevado a cuestionar la capacidad de la UCO para manejar investigaciones complejas. En el caso Montoro, la fiscal tuvo que insistir en varias ocasiones para que se llevaran a cabo análisis urgentes, lo que refleja una falta de coordinación y compromiso por parte de la unidad. La situación se agrava cuando se compara la actuación de la UCO con la de otros cuerpos policiales, como los Mossos d’Esquadra, que han demostrado una mayor eficacia en investigaciones similares.
Además, la UCO ha sido acusada de actuar de manera tendenciosa, ignorando pruebas que podrían haber beneficiado a los investigados. Por ejemplo, en el caso de Koldo, un audio que desvinculaba a Begoña Gómez del rescate de Air Europa fue omitido en un informe, lo que generó aún más desconfianza hacia la unidad. La falta de transparencia en sus procedimientos ha llevado a muchos a cuestionar si la UCO está realmente comprometida con la justicia o si está influenciada por intereses políticos.
### La UCO y sus Implicaciones Políticas
La UCO no solo ha estado en el centro de investigaciones de corrupción, sino que también ha sido objeto de controversias políticas. La decisión de derivar casos a la UCO en lugar de a la Policía Nacional ha suscitado interrogantes sobre la motivación detrás de estas decisiones. Muchos se preguntan por qué se elige a la UCO, que ha sido objeto de críticas, en lugar de a un cuerpo policial que tiene la capacidad y los recursos para llevar a cabo investigaciones de corrupción.
Las acusaciones de parcialidad han llegado incluso desde el Gobierno, donde se ha calificado de «tendencioso» el trabajo de la UCO en ciertos casos. La falta de confianza en la unidad ha llevado a un clima de tensión entre diferentes instituciones y ha puesto en riesgo la integridad de las investigaciones en curso. La UCO, que debería ser un pilar en la lucha contra la corrupción, se ha convertido en un foco de controversia y desconfianza.
La situación se complica aún más con la inminente imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se enfrenta a acusaciones de revelación de secretos. La UCO ha sido señalada como la unidad que ha impulsado estas investigaciones, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su imparcialidad y su compromiso con la justicia. La falta de pruebas concretas en muchos de los casos que maneja la UCO ha llevado a una percepción de que sus investigaciones están más orientadas a satisfacer intereses políticos que a buscar la verdad.
En resumen, la UCO se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene la responsabilidad de investigar la corrupción en España, un papel crucial en la lucha por la transparencia y la justicia. Por otro lado, las críticas sobre su imparcialidad y eficacia han puesto en duda su capacidad para cumplir con esta misión. La necesidad de una revisión y posible reforma de la UCO es evidente si se quiere restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia en el país.
