La situación de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid ha sido objeto de controversia y debate en los últimos tiempos. Un reciente informe interno de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha sacado a la luz una realidad alarmante: en 2024, 77 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad quedaron desprovistos de un hogar. Este dato, que representa casi el 20% de los menores tutelados, ha generado un fuerte rechazo y críticas hacia el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido acusada de ocultar información crucial sobre el bienestar de estos jóvenes.
El informe, titulado «Memoria 2024 Plan Autonomía 16-21», revela que de los 97 jóvenes que salieron del sistema de protección, 77 no contaron con una alternativa habitacional. La falta de recursos y financiación adecuada ha sido identificada como una de las principales razones detrás de esta situación. La Consejería ha admitido que es necesario implementar programas de segunda oportunidad para abordar la grave vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de estos jóvenes al salir del sistema.
### La Falta de Transparencia en la Gestión de Recursos
La opacidad en la gestión de datos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido un tema recurrente. A pesar de las múltiples preguntas formuladas por la oposición en la Asamblea de Madrid, el Ejecutivo ha mantenido una postura evasiva, alegando que no disponía de información sobre el número de menores que se quedaron sin hogar al cumplir 18 años. Sin embargo, el informe interno contradice esta afirmación, evidenciando que sí existían datos disponibles.
La Consejería de Ana Dávila ha intentado justificar la falta de respuesta a las preguntas de la oposición, argumentando que los datos reflejados en el informe solo incluyen a aquellos menores con los que se había trabajado previamente y que tenían posibilidades de derivación a programas de apoyo. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo, dado que el informe claramente indica que muchos jóvenes quedaron sin alternativas habitacionales.
Además, la Consejería ha trasladado la responsabilidad de la búsqueda de alternativas habitacionales a los propios jóvenes y a los ayuntamientos, argumentando que, al cumplir la mayoría de edad, corresponde a los servicios municipales gestionar su situación. Esta postura ha sido criticada por la oposición, que considera que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el bienestar de estos jóvenes, independientemente de su edad.
### La Realidad de los Menores Migrantes No Acompañados
El informe también destaca la situación de los menores migrantes no acompañados, quienes representan una parte significativa de los jóvenes tutelados en la Comunidad de Madrid. De los 413 menores revisados en el informe, más de la mitad (69%) eran migrantes que cumplían 18 años durante el año 2024. Este grupo enfrenta desafíos adicionales, ya que muchos de ellos llegan a España en busca de mejores oportunidades y, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
El informe señala que un 29% de estos menores migrantes ha firmado contratos laborales antes de cumplir la mayoría de edad, lo que indica que muchos de ellos están dispuestos a trabajar y buscar su independencia. Sin embargo, la falta de apoyo y recursos adecuados para su transición a la vida adulta pone en riesgo su futuro. La ausencia de un proyecto de vida claro y la falta de alternativas habitacionales los coloca en una situación de riesgo de exclusión social.
La situación de los menores tutelados en Madrid es un reflejo de las carencias en el sistema de protección infantil y juvenil. La falta de recursos, la opacidad en la gestión de datos y la responsabilidad trasladada a los propios jóvenes son factores que contribuyen a que muchos de ellos se enfrenten a un futuro incierto. La necesidad de implementar programas de apoyo y garantizar la transparencia en la gestión de recursos es más urgente que nunca, ya que el bienestar de estos jóvenes depende de ello. La comunidad debe ser consciente de la realidad que enfrentan estos menores y exigir a sus representantes que actúen en consecuencia para garantizar su protección y bienestar.
