La reciente propuesta de ley de vivienda presentada por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha generado un intenso debate sobre el futuro de la política de vivienda en la región. Esta normativa, que busca modificar la Ley de Función Social de la Vivienda, ha sido criticada por su enfoque en la oferta y la construcción, dejando de lado aspectos fundamentales como la regulación de la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda como un derecho humano.
### Un Cambio de Paradigma en la Política de Vivienda
La Ley de Función Social de la Vivienda, implementada entre 2012 y 2015, fue un intento significativo de abordar la crisis de desahucios que afectaba a miles de familias en Andalucía. Esta normativa permitía la expropiación de viviendas vacías pertenecientes a entidades bancarias para evitar desalojos, una medida que fue considerada innovadora en su momento. Sin embargo, la nueva ley propuesta por el PP parece dar un giro radical a esta política, priorizando la construcción de nuevas viviendas sobre la protección de los derechos de los inquilinos y la regulación del mercado.
Elena Cortés, exconsejera de IU y una de las impulsoras de la ley anterior, ha expresado su preocupación por el enfoque del gobierno actual. Según ella, la nueva legislación no aborda la especulación inmobiliaria ni la necesidad de regular las viviendas turísticas, que han contribuido a la crisis de acceso a la vivienda. En lugar de ofrecer soluciones efectivas, la ley parece favorecer a los propietarios y a los intereses económicos de unos pocos, perpetuando la idea de la vivienda como una mercancía en lugar de un derecho fundamental.
La falta de medidas concretas para abordar la crisis de vivienda es alarmante. Cortés señala que la ley no incluye propuestas para la rehabilitación de viviendas existentes ni para la regeneración urbana, aspectos que son cruciales para garantizar un acceso equitativo a la vivienda. Además, la ley remite a un desarrollo reglamentario que deja muchas cuestiones abiertas, lo que podría resultar en una falta de aplicación efectiva de las medidas propuestas.
### La Especulación Inmobiliaria y sus Consecuencias
Uno de los puntos más críticos de la nueva ley es su aparente indiferencia hacia la especulación inmobiliaria. La exconsejera ha argumentado que el gobierno andaluz está optando por un modelo que favorece a los propietarios, incluidos los fondos buitres que poseen grandes bloques de viviendas. Esto no solo agrava la crisis de vivienda, sino que también contribuye a la desigualdad social, ya que las familias de clase trabajadora se ven cada vez más desplazadas.
Cortés también ha destacado que la ley no aborda la necesidad de un inventario de viviendas, algo que es fundamental para entender el estado del parque residencial en Andalucía. Mientras que el Estado tiene un control sobre los vehículos a través de la ITV, no existe un sistema similar para las viviendas, lo que dificulta la planificación y la intervención en el mercado de la vivienda.
La falta de atención a las viviendas turísticas es otro aspecto preocupante. En un momento en que el derecho a la vivienda está siendo conculcado, permitir que las viviendas se utilicen con fines turísticos sin regulación es una contradicción que agrava la situación. Cortés enfatiza que, hasta que no se garantice el derecho a la vivienda, no se deberían permitir usos que desvirtúen su función social.
La crítica a la ideología detrás de la ley es contundente. Cortés sostiene que el gobierno de Moreno Bonilla está perpetuando un modelo que prioriza los intereses económicos sobre el bienestar de la ciudadanía. La idea de que construir más viviendas automáticamente reducirá los precios es un mito que ha sido desmentido en el pasado, y que, sin embargo, sigue siendo promovido por el actual gobierno.
La situación es aún más compleja en el contexto del cambio climático. La expansión urbana y la construcción indiscriminada de nuevas viviendas sin considerar la sostenibilidad y el impacto ambiental están llevando a un deterioro del modelo de ciudad mediterránea. La falta de espacios verdes y la creciente urbanización están exacerbando los problemas de calor en Andalucía, lo que plantea serias preguntas sobre la calidad de vida en las ciudades.
La crítica a la falta de perspectiva de género en la nueva ley también es relevante. Cortés señala que no se han considerado las necesidades de cuidado y el espacio público, lo que refleja una falta de atención a las realidades de muchas familias y comunidades. La ausencia de medidas que aborden estas cuestiones es un indicativo de que la ley no está diseñada para servir al interés general, sino que responde a intereses particulares.
En resumen, la nueva ley de vivienda en Andalucía representa un retroceso en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la regulación del mercado inmobiliario. La falta de medidas concretas para abordar la crisis de vivienda, la especulación y el impacto ambiental plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar el derecho a la vivienda en la región. La situación exige un debate profundo y un compromiso real con la justicia social y la equidad en el acceso a la vivienda.
