La crisis de la vivienda en España ha llevado a un aumento significativo de la movilización social en defensa del derecho a un hogar digno. Sin embargo, esta lucha no ha estado exenta de consecuencias legales y represivas. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos han denunciado un incremento en las sanciones y multas impuestas por las autoridades, lo que ha generado un clima de temor y desmovilización entre los defensores de los derechos habitacionales.
**La Represión y las Multas: Un Fenómeno Creciente**
Desde octubre de 2024, tras una serie de manifestaciones masivas en Madrid, la PAH Vallekas ha sido objeto de una represión sistemática. Los activistas han acumulado más de 20,000 euros en multas, lo que refleja una estrategia clara por parte de las autoridades para desincentivar la participación en acciones de protesta. Israel, un activista con tres décadas de experiencia en movimientos sociales, ha sido uno de los afectados. Relata que la violencia policial ha aumentado, pero lo que más le preocupa son las sanciones económicas que han comenzado a llegar tras las manifestaciones por el derecho a la vivienda.
Las primeras multas se impusieron poco después de una gran marcha contra la especulación inmobiliaria, donde los participantes se enfrentaron a la identificación y sanciones por parte de la Policía. La ley mordaza, que ha estado vigente durante diez años, se ha utilizado como base legal para estas multas, acusando a los activistas de obstaculizar las funciones policiales. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las sanciones y la verdadera intención detrás de ellas.
**El Impacto en la Movilización Social**
La represión no solo afecta a la PAH Vallekas. Otros colectivos, como la Asamblea de Vivienda de Tetuán, también han experimentado un aumento en las multas, que suman hasta 4,000 euros tras una concentración pacífica. Los activistas han señalado que las fuerzas de seguridad han comenzado a actuar de manera más agresiva, dificultando el acceso a los lugares donde se llevan a cabo las protestas y utilizando tácticas intimidatorias. Maialen, una joven activista, describe cómo la Policía cerró el acceso a un edificio donde se estaba llevando a cabo un desahucio, acusando a los manifestantes de impedir el paso, a pesar de que estos no estaban bloqueando la entrada.
La situación ha llevado a muchos a preguntarse por qué ahora, después de años de movilización, las autoridades han decidido intensificar la represión. Algunos activistas creen que el crecimiento del movimiento por la vivienda ha generado una respuesta desproporcionada por parte del Estado, que busca desmovilizar a los ciudadanos a través del miedo y la sanción económica. Pablo, otro activista, ha sido multado en tres ocasiones en los últimos seis meses, lo que refleja una tendencia preocupante en la criminalización de la protesta social.
**La Respuesta de los Activistas**
A pesar de la represión, los colectivos de vivienda han decidido no rendirse. Están trabajando en la creación de «cajas de resistencia común» para ayudar a financiar las multas y apoyar a aquellos que enfrentan sanciones. La idea es canalizar recursos para que los activistas puedan seguir luchando sin ser desalentados por las multas. Valeria Racu, portavoz de un colectivo de inquilinos, ha señalado que la represión es una respuesta a un movimiento cada vez más organizado y fuerte, que se opone a la especulación inmobiliaria y el rentismo.
La PAH y otros grupos han comenzado a recurrir las multas, argumentando que estas son injustas y que no reflejan la realidad de las acciones que llevan a cabo. La movilización por el derecho a la vivienda ha cobrado fuerza, y los activistas están decididos a seguir luchando, a pesar de las sanciones. La represión ha servido, en muchos casos, como un catalizador para la organización y la solidaridad entre los grupos de defensa de la vivienda.
**El Contexto Político y Social**
La situación actual en España refleja un contexto más amplio de crisis habitacional y desigualdad social. Las políticas de vivienda han sido objeto de críticas, y muchos ciudadanos sienten que sus derechos están siendo vulnerados. La ley mordaza, que ha sido objeto de controversia desde su implementación, se ha convertido en una herramienta para silenciar las voces disidentes y limitar el derecho a la protesta.
Los datos indican que el movimiento por la vivienda cerró 2024 como el segundo con más multas, solo por detrás del movimiento ecologista. Esto pone de manifiesto la creciente tensión entre el Estado y los movimientos sociales que luchan por derechos fundamentales. La represión ha aumentado en los ámbitos de la protesta y la organización ciudadana, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las acciones del gobierno y la necesidad de una reforma en las políticas de vivienda.
En este contexto, los activistas continúan su lucha, decididos a no dejarse amedrentar por las sanciones. La movilización por el derecho a la vivienda sigue siendo una prioridad, y los colectivos están trabajando para fortalecer su organización y resistencia ante la represión.
