La figura de Benjamin Netanyahu es central en la historia contemporánea de Israel. Desde su ascenso al poder, ha liderado un gobierno que ha radicalizado la política israelí y ha intensificado la ocupación de Palestina. A pesar de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y la presión internacional, Netanyahu parece gozar de una notable inmunidad ante la justicia, tanto a nivel nacional como internacional.
### La Corte Penal Internacional y la Resistencia de Israel
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Sin embargo, esta orden ha sido recibida con desdén por parte del gobierno israelí, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, argumentando que cuenta con mecanismos internos para investigar y procesar cualquier delito. Esta postura ha sido respaldada por el apoyo incondicional de Estados Unidos, que ha reducido la orden de arresto a un mero símbolo sin efecto real.
A pesar de las investigaciones preliminares abiertas en otros países, como España, bajo el principio de justicia universal, los procesos no han avanzado. La justicia israelí, por su parte, se muestra pasiva y, en muchos casos, alineada con las políticas del gobierno. Netanyahu ha intentado reformar el sistema judicial, buscando limitar el poder del Tribunal Supremo y destituir a la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, quien se ha opuesto a sus reformas.
La CPI ha sido acusada por Netanyahu de ser un tribunal antisemita, y su gobierno ha insistido en que Israel tiene la capacidad de investigar sus propios crímenes. Sin embargo, la realidad es que las investigaciones internas han demostrado ser ineficaces. Entre 2014 y 2021, el Mecanismo de Búsqueda de Hechos y Evaluación (FFAM) recibió 664 denuncias de violaciones a las leyes de guerra, pero solo 41 de ellas resultaron en una investigación penal, y solo una culminó en una acusación formal. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de Israel para rendir cuentas por sus acciones en Gaza.
### La Pasividad de la Fiscal General y la Eficacia de la Justicia Interna
Gali Baharav-Miara, la Fiscal General de Israel, ha sido una figura clave en la defensa del sistema judicial frente a los intentos de Netanyahu de socavarlo. Sin embargo, su silencio sobre las operaciones militares en Gaza es desconcertante. A pesar de su papel crucial en supervisar la legalidad de las decisiones del gobierno, Baharav-Miara no ha iniciado investigaciones formales sobre las acusaciones de crímenes de guerra, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de la justicia israelí.
La falta de acción de la Fiscal General es aún más sorprendente dado el contexto de las políticas de Netanyahu, que han incluido el desplazamiento forzado de la población palestina. Mientras se enfrenta a Netanyahu por sus reformas judiciales, Baharav-Miara ha permanecido callada sobre las violaciones de derechos humanos en Gaza, lo que sugiere una desconexión entre su lucha por la independencia judicial y la necesidad de rendición de cuentas en el contexto de la ocupación.
La ineficacia del FFAM y la falta de investigaciones significativas sobre crímenes de guerra han alimentado la narrativa de que Israel no está dispuesto a rendir cuentas por sus acciones. La organización de derechos humanos Yesh Din ha calificado al FFAM como un «mecanismo de blanqueo» que extiende la inmunidad a los responsables de crímenes de guerra, lo que refuerza la percepción de que la justicia en Israel es selectiva y está diseñada para proteger a los perpetradores.
En el contexto de la guerra, las acusaciones de genocidio han aumentado, y las autoridades israelíes han respondido insistiendo en que sus operaciones cumplen con las leyes de guerra. Sin embargo, la realidad es que las investigaciones internas son escasas y las condenas son aún más raras. Por ejemplo, en el primer año de la guerra, solo un puñado de soldados fue acusado de crímenes, y las sentencias impuestas han sido mínimas, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de Israel para abordar sus propias violaciones de derechos humanos.
La situación actual en Israel y Gaza plantea preguntas difíciles sobre la justicia y la rendición de cuentas. A medida que Netanyahu continúa su mandato, la falta de acción tanto de la CPI como de la justicia israelí sugiere que la impunidad puede seguir siendo la norma. La comunidad internacional observa con creciente preocupación, pero hasta ahora, las acciones concretas para frenar a Netanyahu y su gobierno han sido limitadas. La combinación de un sistema judicial que parece alinearse con el poder ejecutivo y la falta de voluntad para investigar crímenes de guerra plantea un desafío significativo para la justicia en la región.
