La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una solicitud formal al tribunal para que se lleve a cabo una «reparación integral» del exjuez Baltasar Garzón. Esta petición surge a raíz de la condena que sufrió Garzón, quien fue inhabilitado durante 11 años por un delito de prevaricación relacionado con la intervención de teléfonos de abogados en el caso Gürtel. La Fiscalía argumenta que esta condena vulneró sus derechos fundamentales y que es necesario tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
El fiscal Manuel Campoy ha instado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a que se condene a la Administración Pública a eliminar los antecedentes penales de Garzón y a adoptar medidas que garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos en procesos judiciales. Además, se solicita que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2021 concluyó que el Tribunal Supremo había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena del exmagistrado.
La petición de la Fiscalía no se limita a la eliminación de antecedentes penales. También se busca que se reconozca la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada por Garzón ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En este sentido, se exige que se condene a la Administración Pública al pago de una indemnización por daños y perjuicios, que podría ser la cantidad reclamada por Garzón o la que se determine en la ejecución de la sentencia.
### El Dictamen de la ONU y sus Implicaciones
El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU es un elemento clave en esta solicitud de reparación. En su informe, el Comité subrayó que Garzón no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial durante los procesos judiciales que enfrentó, tanto en el caso del Franquismo, del cual fue absuelto, como en el caso Gürtel. Esta falta de imparcialidad se vio agravada por el hecho de que ambos casos fueron tramitados simultáneamente, con juicios que se celebraron con solo cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, a pesar de que Garzón había solicitado su recusación.
El Comité de la ONU también enfatizó que el Estado español tiene la obligación de borrar los antecedentes penales de Garzón y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. Este dictamen no solo busca reparar el daño individual de Garzón, sino que también establece un precedente importante para la protección de los derechos humanos en el sistema judicial español. La ONU ha instado a España a adoptar medidas que eviten futuras violaciones de derechos, lo que podría tener un impacto significativo en la forma en que se llevan a cabo los juicios en el país.
### Reacciones y Contexto Político
La solicitud de la Fiscalía ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Algunos sectores han aplaudido la iniciativa como un paso necesario hacia la reparación de injusticias pasadas, mientras que otros la ven como un intento de politizar el caso de Garzón, quien ha sido una figura controvertida en la política española. Garzón es conocido por su papel en la lucha contra el terrorismo y la corrupción, pero también ha sido objeto de críticas por sus decisiones judiciales y su estilo de trabajo.
El caso Gürtel, que implicó a varios miembros del Partido Popular, ha sido uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de España. La condena de Garzón en este contexto ha sido vista por muchos como un intento de silenciar a un juez que se atrevió a desafiar a poderosos intereses políticos. La petición de la Fiscalía para reparar su situación podría abrir un debate más amplio sobre la independencia judicial y la protección de los derechos de los jueces en España.
En este sentido, la situación de Garzón se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en un sistema que ha enfrentado críticas por su falta de imparcialidad y transparencia. La resolución de este caso podría tener repercusiones significativas no solo para Garzón, sino también para el futuro de la justicia en España y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones judiciales.
