En el corazón de Madrid, más de 200 familias se encuentran en una lucha desesperada para proteger sus hogares de una venta que consideran injusta y fraudulenta. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), vinculada al arzobispado de Madrid, ha intentado vender 13 de sus inmuebles, donde residen estas familias, a un fondo de inversión llamado Tapiamar. Este conflicto ha desatado una serie de protestas y acciones legales por parte de los inquilinos, quienes argumentan que la venta no solo es desleal, sino que también infringe el propósito social de la fundación.
### El Contexto de la Venta
La historia de esta disputa se remonta a 2019, cuando Fusara aprobó la venta de sus propiedades en un momento que muchos consideran estratégico, justo antes de las elecciones municipales. La decisión fue tomada sin la presencia de representantes civiles, lo que ha llevado a los inquilinos a cuestionar la transparencia del proceso. Según Mónica, una de las vecinas afectadas y abogada del caso, la fundación ha estado manipulando los estatutos para facilitar la venta, lo que ha generado una serie de irregularidades legales.
Los inquilinos fueron informados de la venta a través de un burofax, lo que generó incertidumbre sobre su futuro. Las primeras dudas surgieron sobre quién era el nuevo propietario y si sus contratos de alquiler seguirían vigentes. Fusara, en un comunicado inicial, mencionó a Savills Aguirre & Newman como la nueva gestora, pero no como la propietaria real. En su lugar, se descubrió que la compra se estaba realizando a través de múltiples sociedades interpuestas, lo que ha llevado a los vecinos a calificar estas entidades como «empresas pantalla».
### Irregularidades en el Proceso de Venta
Los detalles de la transacción han sido objeto de escrutinio. El precio de venta fijado en 74 millones de euros fue considerado irrisorio por los inquilinos, quienes argumentan que el valor real de los inmuebles supera los 120 millones. La fundación, que durante casi un siglo utilizó los ingresos de estos alquileres para financiar la educación de niños en riesgo de exclusión, parece haber olvidado su misión social al intentar vender estos edificios.
Mónica explica que, antes de la venta, se realizaron modificaciones a los estatutos de la fundación para permitir la transacción, lo que ha suscitado aún más sospechas. El Registro de la Propiedad incluso suspendió la inscripción de algunos inmuebles debido a incongruencias en la documentación presentada. A pesar de estas irregularidades, los vecinos decidieron actuar y presentaron una denuncia en los tribunales por delitos de estafa y corrupción.
La situación se complicó aún más cuando se reveló que el empresario Roberto de Juan González, vinculado a Tapiamar, estaba bajo investigación por su papel en la venta. A pesar de las denuncias y la intervención judicial, la fundación ha continuado con sus planes de venta, lo que ha llevado a los inquilinos a organizar protestas y buscar apoyo legal.
### La Resistencia de los Inquilinos
A pesar de las amenazas de desalojo y la presión constante, los inquilinos han mantenido su determinación de luchar por sus hogares. Piedad, una de las inquilinas, comparte su angustia al vivir con el miedo constante de ser desalojada. Muchos de ellos han invertido años en mejorar sus viviendas, y ahora se sienten traicionados por una institución que debería velar por el bienestar de la comunidad.
Los vecinos han comenzado a organizarse y planean constituirse como una Asociación de Víctimas del Arzobispado de Madrid. Su objetivo es no solo proteger sus hogares, sino también exigir justicia y rendición de cuentas a la Iglesia. Jesús, otro de los inquilinos, enfatiza que no están dispuestos a dejar que la situación se normalice. «La Iglesia debe rendir cuentas. Basta ya de mentir», afirma con firmeza.
La lucha de estas familias no es solo por sus hogares, sino también por un principio más amplio: el derecho a la vivienda y la protección de los intereses de las comunidades vulnerables. A medida que el juicio avanza, los inquilinos continúan buscando apoyo y solidaridad, convencidos de que su causa es justa y necesaria. La historia de Madrid es un recordatorio de que la lucha por la vivienda es una batalla constante, y que la comunidad puede unirse para enfrentar la adversidad.
