La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que se retire la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para poder investigarlo por presunta financiación ilegal de su campaña electoral. Esta solicitud se produce en el contexto de una investigación que se abrió tras la revelación de que Alvise recibió 100.000 euros de un empresario, supuestamente para financiar su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).
El juez instructor, Julián Sánchez Melgar, prorrogó la instrucción de esta causa por seis meses, comenzando el 20 de septiembre, debido a que la condición de eurodiputado de Alvise complica el proceso. Según el magistrado, la inmunidad parlamentaria requiere que se solicite autorización al Parlamento Europeo para proceder con la investigación, lo que puede llevar varios meses. La Fiscalía, en un escrito fechado el 19 de septiembre, ha solicitado que se curse el suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Alvise, lo que permitiría que se le imputara formalmente.
El eurodiputado compareció voluntariamente ante el juez el 11 de julio, antes de que se iniciara este trámite. Durante su declaración, Alvise admitió haber recibido los 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo, un empresario conocido en redes sociales como ‘CriptoSpain’, quien le entregó el dinero en un maletín negro tras una charla sobre libertad financiera. Sin embargo, Alvise negó que estos fondos se utilizaran para financiar ilegalmente su campaña, argumentando que el costo total de la misma fue de poco más de 30.000 euros.
Romillo, quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma, fue quien denunció haber entregado el dinero a Alvise el 27 de mayo de 2024, justo antes de las elecciones europeas. La situación ha suscitado un gran interés mediático y político, dado que la financiación de campañas electorales es un tema sensible y regulado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
La Fiscalía considera que la actuación de Alvise podría encajar en el delito de financiación ilegal de partidos, ya que se alega que no cumplió con los deberes de contabilidad y control de ingresos establecidos para los partidos políticos. Esta investigación no es la única que enfrenta el eurodiputado, quien también ha comparecido ante el Supremo por otros dos casos: uno relacionado con la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa y otro por mensajes dirigidos a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, a través de la red social Telegram.
La situación de Alvise Pérez es un claro ejemplo de cómo las irregularidades en la financiación de campañas pueden tener repercusiones legales significativas. La legislación española es estricta en cuanto a la transparencia y la legalidad de los fondos utilizados en campañas electorales, y cualquier indicio de irregularidad puede dar lugar a investigaciones profundas y sanciones. La prórroga de la instrucción por parte del juez refleja la complejidad del caso, especialmente debido a la inmunidad parlamentaria que protege a los eurodiputados en el ejercicio de sus funciones.
El proceso judicial en curso no solo afecta a Alvise, sino que también pone en tela de juicio la integridad de su partido y la confianza del electorado en el sistema político. La financiación de campañas es un aspecto crucial para la democracia, y cualquier indicio de corrupción puede erosionar la confianza pública en las instituciones. La Fiscalía, al solicitar la suspensión de la inmunidad, busca garantizar que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos en un contexto donde la transparencia es fundamental.
A medida que avanza la investigación, se espera que se produzcan más revelaciones y que el caso de Alvise Pérez continúe siendo objeto de atención mediática y política. La resolución de este caso podría tener implicaciones no solo para el eurodiputado, sino también para el futuro de su partido y para la percepción pública de la política en general. La situación actual subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito político y la necesidad de mantener altos estándares éticos en la financiación de campañas electorales.
