En Catalunya, un grupo de inquilinos ha decidido alzar la voz contra InmoCaixa, el mayor casero privado de la región, mediante una demanda colectiva que busca la nulidad del cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas de protección oficial. Esta acción, impulsada por el Sindicat de Llogateres, refleja la creciente preocupación por las condiciones de vida y los derechos de los arrendatarios en un contexto de crisis habitacional.
La situación se ha vuelto insostenible para muchas familias que viven en propiedades gestionadas por InmoCaixa, que posee alrededor de 1.850 pisos de protección oficial en Catalunya. Los inquilinos, como Águeda Amestoy, han decidido no pagar el alquiler hasta que la empresa se siente a negociar. «No teníamos otra opción. La empresa no va a ver un duro hasta que se siente a negociar», afirma Águeda, quien ha estado viviendo en uno de los bloques de InmoCaixa en Banyoles durante seis años.
### La Demanda Colectiva y sus Implicaciones
El Sindicat de Llogateres ha reunido a más de sesenta inquilinos para presentar una demanda que no solo busca la nulidad de las cláusulas contractuales abusivas, sino también la devolución de más de 230.000 euros que consideran han sido cobrados indebidamente. La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona, lo que representa un paso significativo en la lucha por los derechos de los inquilinos.
Los inquilinos argumentan que el cobro del IBI es ilegal en viviendas de protección oficial, y que este impuesto no debería ser responsabilidad de los arrendatarios. Según Águeda, InmoCaixa les cobra entre 30 y 50 euros mensuales en concepto de IBI, lo que suma una cantidad considerable a lo largo de los años. «La suma de lo que me deben asciende a 1.900 euros, 40 cada mes durante los últimos seis años», explica.
La situación se complica aún más con la amenaza de privatización de estos inmuebles. Los inquilinos temen que sus viviendas pierdan su condición de protección oficial, lo que podría llevar a aumentos de alquiler y desahucios. Toni Cañizares, otro inquilino afectado, expresa su preocupación: «Nuestro principal objetivo es evitar que los pisos se privaticen y conseguir que desaparezcan las cláusulas ilegales de los contratos».
### Estrategias de Resistencia y Solidaridad
La huelga de alquileres, que ha sido organizada meticulosamente por el Sindicat de Llogateres, ha ganado fuerza en los últimos meses. Los inquilinos han comenzado a devolver los recibos de alquiler y han creado un fondo común donde depositan el dinero equivalente a sus rentas. Hasta ahora, han acumulado más de 60.000 euros en este fondo, que se utilizará para presionar a InmoCaixa a negociar.
«La entidad se ha dedicado a amenazar a los inquilinos que hace más de dos meses que están en huelga, mientras nosotros seguimos pidiendo una negociación. No nos vamos a quedar de brazos cruzados», afirman desde el Sindicat. Esta estrategia de resistencia ha sido clave para mantener la unidad entre los inquilinos y fortalecer su posición frente a la empresa.
Además, la demanda colectiva tiene la intención de ser «universalizable», lo que significa que podría extenderse a más inquilinos en situaciones similares. Se estima que la demanda podría abarcar hasta 1.800 pisos y reclamar hasta diez millones de euros. Esto no solo es un pulso contra InmoCaixa, sino también un llamado a la solidaridad de la comunidad en general para apoyar la lucha por la vivienda pública.
El Sindicat de Llogateres ha estado trabajando arduamente para concienciar a los inquilinos sobre sus derechos y la importancia de la vivienda protegida. La presión social ha llevado a que algunas promociones de viviendas sean adquiridas por el Institut Català del Sòl (Incasòl), lo que representa un rayo de esperanza para aquellos que temen la privatización de sus hogares.
InmoCaixa, por su parte, defiende su posición argumentando que las cláusulas de los contratos son legales y que la empresa está dispuesta a defender su actuación en los tribunales. Sin embargo, los inquilinos continúan insistiendo en que las viviendas de protección oficial no deben estar sujetas al cobro del IBI y que sus derechos deben ser respetados.
La lucha de estos inquilinos en Catalunya es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchas familias en diversas regiones. La creciente presión por parte de los arrendatarios y la organización colectiva son pasos cruciales para garantizar que la vivienda siga siendo un derecho y no un privilegio. La situación en Catalunya podría servir como un modelo para otras comunidades que enfrentan desafíos similares en el ámbito de la vivienda.
