La reciente reforma constitucional en El Salvador ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ha ratificado una enmienda que permite la reelección presidencial indefinida. Esta decisión no solo modifica la estructura política del país, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia salvadoreña.
### Cambios Clave en la Constitución
La reforma, que fue aprobada en una sesión legislativa extraordinaria, modifica varios artículos de la Constitución salvadoreña. En particular, se alteran los artículos 75, 80, 133, 152 y 154, eliminando la segunda vuelta electoral y extendiendo el mandato presidencial a seis años. Esta modificación ha sido presentada como una medida necesaria para la estabilidad política del país, aunque muchos críticos la ven como un intento de consolidar el poder de Bukele.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la eliminación de la cláusula que prohibía a un presidente en funciones postularse nuevamente si había ocupado el cargo durante más de seis meses en el período anterior. Esto significa que Bukele, quien ya se encuentra en su segundo mandato, podría postularse indefinidamente en futuras elecciones. La diputada Marcela Villatoro, de la oposición, ha calificado esta acción como un «asesinato de la democracia disfrazado de legalidad», argumentando que la reforma socava los principios fundamentales de la Constitución.
La rapidez con la que se aprobó la reforma también ha sido objeto de críticas. La votación se llevó a cabo en cuestión de minutos, con 57 votos a favor de los 60 diputados presentes, y sin que se permitieran intervenciones o debates significativos. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad del proceso y a temer que se esté estableciendo un precedente peligroso para la gobernanza en El Salvador.
### Reacciones Nacionales e Internacionales
La aprobación de esta reforma ha suscitado reacciones diversas. Por un lado, los partidarios de Bukele argumentan que la reelección indefinida es un paso hacia la modernización y estabilidad del país. Sin embargo, los opositores advierten que esta medida podría llevar a un régimen autoritario, donde el poder se concentre en una sola figura política.
A nivel internacional, la comunidad ha expresado su preocupación por el rumbo que está tomando El Salvador. Organizaciones de derechos humanos y observadores políticos han señalado que la reforma podría tener repercusiones negativas en la democracia y el estado de derecho en el país. La situación se complica aún más por el hecho de que Bukele ha sido criticado por su manejo de la oposición y por su relación con la prensa, lo que ha llevado a un ambiente de creciente tensión política.
La reforma también ha sido vista como parte de una estrategia más amplia de Bukele para consolidar su poder. Desde su llegada a la presidencia, ha implementado una serie de políticas que han sido aclamadas por algunos como efectivas, pero que también han sido criticadas por su falta de transparencia y por el uso de tácticas autoritarias para silenciar a la oposición.
En este contexto, la reciente reforma constitucional se presenta como un punto de inflexión en la política salvadoreña. La posibilidad de que Bukele se postule indefinidamente plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en El Salvador y sobre cómo se equilibrará el poder en un país que ha luchado con la corrupción y la inestabilidad política durante décadas.
La situación en El Salvador es un recordatorio de la fragilidad de las democracias en la región y de la importancia de mantener un sistema de pesos y contrapesos que garantice la representación y la participación de todos los sectores de la sociedad. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en la vida de los salvadoreños.
