La lucha contra los incendios forestales en Castilla y León ha cobrado una relevancia significativa en los últimos años, tanto por la creciente frecuencia de estos desastres naturales como por el impacto económico que generan. En este contexto, el gobierno regional ha destinado una considerable suma de dinero a diversas empresas para la prevención y extinción de incendios, lo que ha suscitado un debate sobre la gestión y la eficacia de estos recursos.
### Distribución de Recursos y Empresas Adjudicatarias
En el periodo de 2023 a 2025, el Gobierno de Castilla y León ha asignado un total de 108,91 millones de euros a una veintena de empresas para la lucha contra incendios. Este presupuesto se distribuye entre diferentes tipos de cuadrillas, incluyendo las terrestres, las ELIF (Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales) y las cuadrillas nocturnas. De este total, 81,64 millones se han destinado a las cuadrillas terrestres, 16,56 millones a las ELIF y 10,71 millones a las cuadrillas nocturnas. Además, se han invertido 45,43 millones en medios aéreos, que incluyen aviones y helicópteros.
Entre las empresas que se benefician de estos contratos se encuentran dos grandes firmas de ámbito nacional: Acciona Medio Ambiente y Eulen. Acciona, con 11,66 millones de euros, se posiciona como el segundo mayor adjudicatario, solo superada por Oficina Técnica Demontes SL, que ha recibido contratos por un total de 15,05 millones de euros. Esta última también ha sido contratada por la Xunta de Galicia, lo que resalta su importancia en la gestión de incendios a nivel nacional.
Por otro lado, Integra, una empresa de Valladolid, ha conseguido contratos por valor de 10,37 millones de euros, mientras que Rebofosa, otra firma de Zamora, ha recibido 9,73 millones. La diversidad de empresas involucradas, que van desde grandes corporaciones hasta firmas locales, refleja un intento de equilibrar la gestión de recursos y la creación de empleo en la región.
### Condiciones Laborales y Críticas a la Privatización
A pesar de la inversión significativa en la lucha contra incendios, los sindicatos han expresado su preocupación por las condiciones laborales de los bomberos forestales en Castilla y León. Se estima que el 40% de los bomberos forestales trabaja para empresas privadas, mientras que otro 40% está empleado por la pública Tragsa y el 20% restante depende del Gobierno regional. Esta estructura ha llevado a denuncias sobre la precariedad laboral y las condiciones “tercermundistas” en las que operan muchos de estos trabajadores.
El coordinador estatal de agentes medioambientales de CCOO, Jorge Nieto, ha señalado que la privatización del operativo de incendios es una de las causas de la falta de condiciones adecuadas para los bomberos. La situación se agrava en un contexto donde los incendios forestales son cada vez más frecuentes y devastadores, lo que pone en riesgo no solo la seguridad de los trabajadores, sino también la efectividad de la respuesta ante emergencias.
La experiencia de otras comunidades autónomas, como Galicia y Madrid, también ofrece lecciones sobre la gestión de incendios. En Galicia, la privatización de los servicios de prevención y extinción de incendios fue revertida en 2023 debido a las constantes quejas sobre las condiciones laborales y la eficacia del servicio. En Madrid, tras más de 20 años de gestión privada, la administración pública asumió nuevamente el control de estos servicios, lo que ha llevado a mejoras en las condiciones laborales de los bomberos forestales.
La situación en Castilla y León plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo que depende en gran medida de la privatización. Los trabajadores han comenzado a movilizarse, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales que reflejen la peligrosidad de su trabajo. La falta de un convenio que contemple estas necesidades ha llevado a huelgas y protestas, lo que pone de manifiesto la tensión entre la gestión pública y privada en el ámbito de la lucha contra incendios.
En resumen, la asignación de recursos para la lucha contra incendios en Castilla y León es un tema complejo que involucra tanto aspectos económicos como sociales. La necesidad de una gestión eficaz y responsable de estos recursos es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde los incendios forestales representan una amenaza creciente para el medio ambiente y la seguridad de la población. La colaboración entre el sector público y privado, así como la atención a las condiciones laborales de los bomberos, serán claves para enfrentar este desafío de manera efectiva.
