El Gobierno de España se encuentra en la fase de preparación de un decreto que busca modificar el Real Decreto 825/2010, con el objetivo de proteger a las mujeres que desean interrumpir su embarazo de la difusión de información engañosa. Esta iniciativa se presentará en el próximo Consejo de Ministros, programado para el 7 de octubre. La medida surge como respuesta a una reciente normativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, que obliga a los profesionales de la salud a informar a las mujeres sobre el denominado síndrome posaborto, una condición que carece de respaldo científico.
La propuesta del Gobierno se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por garantizar los derechos reproductivos de las mujeres en España. La modificación del decreto busca que la información proporcionada a las mujeres sobre la interrupción voluntaria del embarazo esté basada en evidencia científica, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, se pretende eliminar la difusión de teorías infundadas que podrían coaccionar a las mujeres en un momento tan delicado.
### Contexto de la Propuesta
La reciente aprobación de la normativa en Madrid, impulsada por el partido Vox, ha generado un intenso debate en torno a la regulación del aborto en España. Esta normativa obliga a los sanitarios a informar sobre el síndrome posaborto, lo que ha sido criticado por muchos sectores, incluyendo el propio Gobierno, que argumenta que tal información no tiene fundamento científico y puede influir negativamente en la decisión de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo.
Desde el Ministerio de Igualdad, se ha indicado que la reforma del Real Decreto será liderada por este ministerio, con la colaboración del Ministerio de Sanidad. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la presentación del decreto para el próximo martes, fuentes cercanas al Gobierno han expresado su intención de actuar con rapidez para evitar que la normativa de Madrid cause un impacto negativo en el acceso a la información veraz y objetiva sobre el aborto.
El Gobierno busca que la nueva regulación prohíba la obligación de informar sobre el síndrome posaborto, asegurando que cualquier información proporcionada a las mujeres esté respaldada por evidencia científica. Esto es crucial para garantizar que las decisiones de las mujeres se basen en datos precisos y no en mitos o desinformación.
### Blindaje del Derecho al Aborto en la Constitución
Además de la modificación del Real Decreto, el Gobierno también está considerando la posibilidad de blindar el derecho al aborto en la Constitución española. Esta propuesta ha sido respaldada por varios partidos, incluyendo Sumar, que ya había presentado una iniciativa similar en el pasado. La idea es que el derecho al aborto esté protegido a nivel constitucional, similar a lo que ocurre en otros países como Francia.
Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y líder de Sumar, ha manifestado su apoyo a esta medida, argumentando que es fundamental proteger los derechos de las mujeres frente a posibles retrocesos legislativos. Sin embargo, el Partido Popular (PP) ya ha anunciado que no apoyará esta reforma, lo que plantea un desafío para la obtención de la mayoría necesaria en el Congreso para llevar a cabo esta modificación constitucional.
La propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución se presenta como una respuesta a las crecientes presiones de grupos conservadores y de la ultraderecha, que han intentado restringir el acceso a servicios de salud reproductiva en diversas partes del mundo. La intención del Gobierno es garantizar que las mujeres en España tengan acceso a servicios de salud seguros y efectivos, sin temor a ser coaccionadas o desinformadas.
En resumen, el Gobierno español está tomando medidas significativas para proteger el derecho al aborto y asegurar que las mujeres reciban información precisa y basada en evidencia. La modificación del Real Decreto 825/2010 y la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución son pasos importantes en la lucha por los derechos reproductivos en el país. A medida que se acerca la fecha del Consejo de Ministros, la atención se centra en cómo se desarrollarán estos cambios y qué impacto tendrán en la vida de las mujeres en España.
