La reciente discusión sobre el futuro de la energía nuclear en España ha cobrado un nuevo impulso, especialmente tras el acuerdo entre el Gobierno y el partido Sumar, que establece un cierre escalonado de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Este pacto ha reabierto el debate sobre la viabilidad y la necesidad de las nucleares en el contexto actual, marcado por la inestabilidad internacional y la transición hacia energías más sostenibles.
### Contexto del Acuerdo entre Sumar y PSOE
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido clara al enmarcar el debate sobre la energía nuclear dentro del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE. Este acuerdo, que se detalla en un documento oficial, establece que el cierre de las nucleares debe ser «planificado, seguro, ordenado y justo socialmente». La intención es que este proceso se realice de manera escalonada, garantizando la transición hacia fuentes de energía renovables.
El pacto también menciona la Estrategia de Transición Justa, que busca reconvertir el sector eléctrico, especialmente en un momento en que las centrales de carbón y nucleares están llegando al final de su vida útil. Este enfoque es crucial, ya que la transición energética no solo implica un cambio en las fuentes de energía, sino también en la forma en que se gestionan y distribuyen los recursos energéticos en el país.
Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado drásticamente. La guerra en Ucrania y la reciente decisión de Alemania de cerrar sus centrales nucleares han llevado a las principales eléctricas españolas, como Iberdrola y Endesa, a solicitar una revisión del calendario de cierre. Estas empresas argumentan que la situación actual requiere una reconsideración de la fecha límite para el cierre de las nucleares, lo que ha generado tensiones dentro del Gobierno.
### La Resistencia de las Eléctricas y la Respuesta del Gobierno
Las cartas enviadas por Iberdrola y Endesa al Gobierno han sido interpretadas como un intento de abrir la puerta a una prórroga en la vida útil de las centrales nucleares. Sin embargo, tanto la vicepresidenta Díaz como el ministro de Transición Ecológica, Carlos Cuerpo, han dejado claro que cualquier extensión de la vida de las nucleares debe cumplir con ciertos requisitos. Estos incluyen la garantía de que no habrá costos adicionales para los consumidores, el cumplimiento de las normativas de seguridad y la garantía de un suministro eléctrico estable.
Díaz ha enfatizado que permitir una prórroga en la vida de las nucleares no solo violaría el acuerdo con el PSOE, sino que también sería un paso atrás en la lucha por la descarbonización del sistema energético español. La vicepresidenta ha calificado a la energía nuclear como «disfuncional» y «peligrosa», argumentando que su alto costo no justifica su continuidad en el mix energético del país.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha intentado calmar las aguas, afirmando que el plan actual sigue en pie y que no hay una propuesta sólida por parte de las eléctricas que justifique un cambio en la estrategia. Según Morant, las propuestas de las eléctricas carecen de rigor técnico y no garantizan la seguridad necesaria para la inversión pública que implicaría extender la vida de las nucleares.
### La Perspectiva Política y Social
El debate sobre la energía nuclear no solo es técnico, sino que también tiene profundas implicaciones políticas y sociales. El Partido Popular ha manifestado su apoyo a la extensión de la vida útil de las nucleares, argumentando que son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema energético, especialmente en momentos de crisis. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha señalado que la energía nuclear ha demostrado ser vital durante apagones y que su mantenimiento es esencial hasta que se logre una transición completa hacia energías renovables.
Sin embargo, la opinión pública está dividida. Muchos ciudadanos apoyan la transición hacia energías más limpias y sostenibles, y ven en la energía nuclear un riesgo innecesario. La percepción de que las nucleares son costosas y peligrosas ha llevado a un creciente apoyo por parte de la población hacia alternativas renovables, como la solar y la eólica.
En este contexto, el futuro de la energía nuclear en España se presenta incierto. La presión por cumplir con los compromisos de descarbonización y la necesidad de garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible son desafíos que el Gobierno deberá enfrentar en los próximos años. La forma en que se gestione este debate será crucial para definir el rumbo energético del país y su compromiso con la sostenibilidad y la justicia social.
