Luis ‘Alvise’ Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, se encuentra en el centro de un escándalo político tras su declaración en el Tribunal Supremo. Acusado de recibir 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, Pérez ha negado cualquier implicación en financiación ilegal durante su campaña electoral para el Parlamento Europeo en 2024. La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito político y mediático, planteando serias dudas sobre la transparencia y la ética en la financiación de partidos políticos.
### La declaración en el Tribunal Supremo
El pasado 11 de julio de 2025, Alvise Pérez compareció ante el Tribunal Supremo, donde se le acusó de recibir un pago considerable en un maletín negro, entregado por empleados de CryptoSpain. Durante su declaración, Pérez se limitó a responder las preguntas de su abogado y del instructor del caso, Julián Sánchez Melgar, optando por no contestar a las preguntas del fiscal y de otras partes involucradas. Esta estrategia ha suscitado críticas y especulaciones sobre su culpabilidad.
El eurodiputado admitió haber recibido 100.000 euros por una charla de aproximadamente 30 minutos sobre libertad financiera, pero insistió en que este dinero no fue utilizado para financiar su campaña electoral. Según su testimonio, el dinero fue entregado en efectivo, en billetes de 50 y 100 euros, organizados en diez fajos de 10.000 euros cada uno. Pérez afirmó que gastó alrededor de la mitad de esta suma en gastos personales, mientras que el resto permanece bajo su control.
La declaración de Pérez es la tercera vez que se presenta ante el Tribunal Supremo, donde ya había sido citado por otros casos relacionados con la difusión de información falsa y el acoso a una fiscal delegada de delitos de odio. La acumulación de estas acusaciones ha llevado a muchos a cuestionar la integridad de su liderazgo y la dirección de su partido.
### Implicaciones de la financiación política
La situación de Alvise Pérez pone de relieve un problema más amplio en la política española: la falta de transparencia en la financiación de los partidos. La legislación actual establece normas estrictas sobre cómo deben financiarse las campañas electorales, pero los casos de irregularidades son frecuentes. La posibilidad de que un eurodiputado reciba una suma tan grande en efectivo plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de tales prácticas.
La financiación ilegal de partidos políticos no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que también puede tener consecuencias graves para la democracia. Cuando los partidos dependen de fuentes de financiación no reguladas, se corre el riesgo de que sus decisiones políticas se vean influenciadas por intereses privados en lugar de por el bienestar público. Esto puede llevar a la corrupción y a la manipulación del sistema político en beneficio de unos pocos.
El caso de Alvise Pérez también resalta la importancia de una mayor regulación y supervisión de las finanzas políticas. La sociedad civil y los ciudadanos tienen el derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas a sus representantes. La falta de acción en este sentido puede resultar en un ciclo de desconfianza y cinismo hacia la política, lo que a su vez puede desincentivar la participación ciudadana y debilitar la democracia.
A medida que se desarrollan los acontecimientos en torno a este caso, será crucial observar cómo reaccionan tanto el sistema judicial como los partidos políticos. La forma en que se maneje esta situación podría sentar un precedente importante para el futuro de la financiación política en España. La presión pública y mediática podría desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de justicia y en la promoción de una mayor transparencia en el ámbito político.
El escándalo de Alvise Pérez es un recordatorio de que la política no solo se trata de ideologías y promesas, sino también de la responsabilidad ética y legal que tienen los líderes hacia sus electores. La sociedad debe estar atenta y exigir que se mantengan los estándares más altos de integridad en la política, para asegurar que los intereses de la ciudadanía estén siempre en el centro de la acción política.
