El sistema de pensiones en España ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años, especialmente en un contexto de creciente preocupación por su sostenibilidad a largo plazo. La cuestión se centra en si el actual modelo de pensiones públicas puede mantenerse en el futuro, dado el envejecimiento de la población y el déficit estructural que ha caracterizado al sistema desde hace más de una década. Este artículo explora las diferentes perspectivas sobre la sostenibilidad de las pensiones, así como los factores que influyen en su financiación.
### La Controversia en Torno a la Financiación de las Pensiones
Uno de los puntos más debatidos entre economistas y analistas es la forma en que se calcula el déficit del sistema de pensiones. Algunos expertos argumentan que se inflan las cifras para crear un clima de alarma, mientras que otros sostienen que el déficit es un indicador claro de la insostenibilidad del sistema. En este sentido, el economista Eduardo Garzón ha señalado que el déficit de la Seguridad Social, que alcanzó los 60.600 millones de euros en 2024, es utilizado como un argumento para promover planes de pensiones privados, lo que a su juicio es un enfoque erróneo.
La financiación de las pensiones en España se basa principalmente en las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios. Sin embargo, en 2024, estas cotizaciones solo cubrieron el 70,6% del gasto total en pensiones. Esto ha llevado a que el sistema dependa de transferencias estatales, lo que ha generado un debate sobre la viabilidad de un sistema que no puede sostenerse únicamente con sus ingresos contributivos.
Además, el envejecimiento de la población ha reducido la ratio de cotizantes a pensionistas, que ha caído de más de cuatro a 2,4 en las últimas décadas. Este cambio demográfico plantea un desafío significativo para el sistema, que necesita adaptarse a una realidad en la que cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores que contribuyen al fondo.
### Perspectivas sobre la Sostenibilidad del Sistema
La discusión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no se limita a la cuestión de los números. Existen diferentes enfoques sobre lo que significa realmente que un sistema sea sostenible. Por un lado, algunos economistas, como Jon González, argumentan que el sistema de pensiones puede ser sostenible siempre que las cuentas públicas en su conjunto sean viables. Esto implica que, mientras el Estado mantenga un acceso normal a los mercados y una capacidad recaudatoria adecuada, las pensiones podrán pagarse sin interrupciones.
Sin embargo, González también advierte que el sistema no puede sostenerse por sí mismo y que requerirá transferencias públicas continuas. Esto plantea un dilema sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado, ya que el dinero destinado a cubrir el déficit de las pensiones podría utilizarse en otras áreas como educación, infraestructura o investigación y desarrollo.
Por otro lado, Garzón sostiene que el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones está lleno de mitos y desinformación. Según él, el déficit de la Seguridad Social no debe ser visto como un problema en sí mismo, ya que el sistema público de pensiones ha sido históricamente sostenible. Garzón argumenta que el enfoque en el déficit de la Seguridad Social ignora el contexto más amplio de las finanzas públicas, donde otros sectores, como la sanidad, también presentan déficits sin que esto se considere un problema.
La perspectiva de Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada, complementa esta discusión al señalar que la sostenibilidad de las pensiones depende de decisiones políticas y del crecimiento del PIB. Torres critica la forma en que se mide la sostenibilidad, sugiriendo que muchos análisis ignoran variables clave y manipulan datos para presentar una imagen distorsionada de la situación.
En resumen, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España es complejo y multifacético. Mientras algunos economistas advierten sobre la necesidad de reformas urgentes, otros defienden la viabilidad del sistema actual, argumentando que la clave está en cómo se gestionan las finanzas públicas en su conjunto. La realidad es que, independientemente de la postura adoptada, el futuro del sistema de pensiones dependerá de decisiones políticas y de la capacidad del Estado para adaptarse a los cambios demográficos y económicos que se avecinan.
