La reciente decisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de suspender su colaboración con instituciones científicas israelíes ha generado un intenso debate en la comunidad académica y científica de España. Esta medida, que se produce en un contexto de creciente tensión internacional y crisis humanitaria en Gaza, ha sido recibida con reacciones mixtas, tanto de apoyo como de crítica. La situación se complica aún más por las restricciones impuestas a los centros del CSIC para expresar públicamente sus posturas sobre el conflicto, lo que plantea serias preguntas sobre la libertad de expresión y la ética en la investigación científica.
La decisión del CSIC de suspender la colaboración con Israel fue anunciada el 8 de julio de 2025, en respuesta a lo que la entidad califica como «vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos palestinos». Este pronunciamiento se produce tras la presión ejercida por un grupo de investigadores y profesionales agrupados en la plataforma CSIC x Palestina, quienes han exigido la ruptura de vínculos académicos con Israel. Este movimiento ha sido impulsado por la indignación ante la situación en Gaza, donde se han reportado miles de muertes y una devastación generalizada.
Sin embargo, la controversia no se limita a la decisión de suspender las colaboraciones. Un aspecto crítico de esta situación es la prohibición impuesta a algunos centros del CSIC, como el Instituto Astrofísico de Andalucía, de emitir comunicados oficiales en contra de la masacre en Gaza. Esta restricción ha sido calificada por algunos como un ataque a la libertad de expresión y un intento de silenciar las voces críticas dentro de la comunidad científica. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la coherencia del CSIC en su respuesta a crisis internacionales, especialmente en comparación con su postura frente a la invasión de Ucrania, donde se actuó con rapidez y contundencia.
La hipocresía percibida en la respuesta del CSIC ha sido un tema recurrente en las discusiones entre los investigadores. Muchos argumentan que la entidad ha mostrado una clara asimetría en su enfoque hacia diferentes conflictos, lo que ha llevado a un sentimiento de frustración y desilusión entre aquellos que esperan que su institución se pronuncie de manera firme y clara sobre las violaciones de derechos humanos en Gaza. La falta de una declaración pública sobre el genocidio en Gaza, a pesar de la gravedad de la situación, ha sido un punto de crítica constante.
Por otro lado, el CSIC ha intentado justificar su postura al señalar que ha adoptado medidas para dar un «tratamiento preferente a Palestina» en la evaluación y financiación de proyectos de cooperación científica. Sin embargo, muchos investigadores consideran que estas acciones son insuficientes y no abordan adecuadamente la crisis humanitaria en Gaza. La falta de transparencia en la comunicación del CSIC sobre sus decisiones y la ausencia de un pronunciamiento claro sobre el conflicto han alimentado la desconfianza y el descontento entre sus miembros.
El debate sobre la suspensión de colaboraciones con Israel y las restricciones a la libertad de expresión dentro del CSIC no solo refleja la complejidad del conflicto en Gaza, sino que también pone de relieve la responsabilidad ética de las instituciones científicas en tiempos de crisis. La ciencia y la investigación no pueden ser ajenas a las realidades sociales y políticas que las rodean. La comunidad científica tiene el deber de alzar la voz en defensa de los derechos humanos y de condenar las injusticias, independientemente de las presiones externas o internas que puedan existir.
En este contexto, la movilización de cientos de investigadores y científicos para exigir la suspensión de relaciones académicas con Israel es un claro indicativo de que la comunidad científica está dispuesta a tomar una postura activa en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la falta de apoyo institucional y la prohibición de utilizar los nombres y logos oficiales de los centros para expresar estas posturas han limitado su capacidad de acción. La situación actual plantea un dilema ético para los investigadores: ¿deben permanecer en silencio ante las injusticias o arriesgarse a enfrentar represalias por alzar la voz?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y cada investigador deberá tomar su propia decisión en función de sus principios y valores. Lo que está claro es que el CSIC, como entidad líder en la investigación científica en España, tiene la responsabilidad de fomentar un ambiente donde la libertad de expresión y el compromiso con los derechos humanos sean prioritarios. La ciencia no puede ser un campo neutral; debe ser un espacio donde se promueva la justicia y se condenen las violaciones de derechos humanos, sin importar el contexto político.
La situación en Gaza y la respuesta del CSIC son un recordatorio de que la ciencia y la ética están intrínsecamente relacionadas. La comunidad científica debe ser un faro de esperanza y un defensor de la verdad, incluso en los momentos más oscuros. La lucha por la justicia y la dignidad humana no debe ser silenciada, y es responsabilidad de todos los investigadores y académicos asegurarse de que sus voces sean escuchadas.
