En los últimos años, el Gobierno español ha intensificado su intervención en el ámbito empresarial, convirtiéndose en un actor clave en operaciones que superan los 15.000 millones de euros. Este fenómeno ha suscitado tanto apoyo como críticas, y ha llevado a un debate sobre el papel del Estado en la economía. Desde la OPA del BBVA hasta la entrada de la SEPI en Talgo, el Gobierno ha tomado decisiones que han marcado un antes y un después en la relación entre el sector público y privado.
La intervención del Gobierno no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado fuerza desde 2022. En este periodo, se han llevado a cabo movimientos significativos que han alterado el panorama empresarial español. La OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell es uno de los ejemplos más destacados. Desde que se lanzó esta oferta, el Gobierno ha ejercido presión para frenar la operación, alegando razones de interés general y competencia. Esta situación ha generado incertidumbre entre los accionistas y ha puesto de manifiesto la influencia que el Estado puede ejercer sobre las decisiones corporativas.
### La OPA del BBVA y su Impacto en el Mercado
La OPA del BBVA, que se lanzó en mayo de 2024, ha sido objeto de un intenso escrutinio. El Gobierno ha utilizado su poder para bloquear la fusión con el Sabadell, imponiendo condiciones que limitan la capacidad del BBVA para llevar a cabo la operación. Entre estas condiciones se incluye la prohibición de cerrar oficinas y despedir empleados durante un periodo de tres años. Esta intervención ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que se cuestiona la legalidad de estas acciones bajo los principios de libertad de empresa y seguridad jurídica establecidos en los tratados europeos.
El impacto de esta intervención se ha sentido en el mercado, donde los accionistas del Sabadell han expresado su preocupación por la incertidumbre que rodea la OPA. El BBVA, por su parte, ha intentado jugar sus cartas para mantener la oferta, pero la presión del Gobierno ha complicado la situación. La OPA representa una operación de más de 13.000 millones de euros, y su éxito o fracaso podría tener repercusiones significativas en el sector bancario español.
Además, el Gobierno ha mantenido un control sobre otras operaciones en el sector, como la entrada de la SEPI en Talgo. Esta intervención se justificó bajo el argumento de la seguridad nacional, dado que una empresa húngara había mostrado interés en adquirir Talgo. La negativa del Gobierno a permitir esta operación ha sido vista como un intento de proteger los intereses estratégicos de España, pero también ha generado críticas sobre el intervencionismo estatal.
### La Estrategia del Gobierno en el Sector Empresarial
La estrategia del Gobierno no se limita a la OPA del BBVA o a la entrada en Talgo. Desde 2022, ha ampliado su influencia a otras empresas del Ibex, como Telefónica e Indra. En mayo de 2024, el Gobierno adquirió un 10% de Telefónica, marcando su regreso al capital de la compañía 26 años después de su privatización. Esta decisión ha sido interpretada como un intento de recuperar el control sobre sectores estratégicos, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones y la defensa.
En el caso de Indra, la SEPI ha inyectado 174 millones de euros para aumentar su participación al 28%. Esta empresa se ha convertido en un pilar fundamental para el Gobierno, que busca convertirla en un campeón nacional en el sector de defensa. La intención de crear un gran campeón nacional ha llevado a la SEPI a evaluar la posibilidad de adquirir otras empresas del sector, lo que podría consolidar aún más su influencia en la economía española.
El control del Gobierno sobre las inversiones extranjeras también ha aumentado. La Junta de Inversiones Exteriores ha reducido el porcentaje de operaciones autorizadas, pasando del 83% en 2023 al 62% en 2024. Esto indica un endurecimiento de las políticas de control sobre las inversiones extranjeras, lo que podría desincentivar a los inversores internacionales y afectar la competitividad del mercado español.
El intervencionismo del Gobierno ha generado un debate sobre la necesidad de un equilibrio entre la intervención estatal y la libertad empresarial. Mientras algunos argumentan que el Estado debe proteger los intereses nacionales y estratégicos, otros advierten sobre los riesgos de un control excesivo que podría sofocar la innovación y el crecimiento en el sector privado.
En resumen, el aumento del intervencionismo del Gobierno en el sector empresarial español ha marcado un cambio significativo en la dinámica entre el Estado y las empresas. Las decisiones tomadas en los últimos años han tenido un impacto profundo en el mercado y han planteado preguntas sobre el futuro de la economía española y el papel del Gobierno en ella.
