La gestión de incendios forestales en España ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la contratación de servicios aéreos para su extinción. La reciente suspensión de un macroconcurso para la contratación de estos servicios ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre las empresas del sector y las administraciones públicas. Este artículo examina el impacto del oligopolio en la extinción aérea y el aumento significativo de los precios en los contratos relacionados con la lucha contra incendios.
### La Suspensión del Macroconcurso y sus Consecuencias
En febrero de 2024, la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica decidió suspender un concurso crucial para la contratación de servicios aéreos destinados a la extinción de incendios. Esta decisión se tomó tras la impugnación presentada por la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencia (Ataire), que representa al 80% de las empresas del sector. La impugnación se basó en la falta de inclusión de un «beneficio industrial» en las ofertas y en la exigencia de criterios de mantenimiento que superaban las normativas vigentes.
El concurso, que contemplaba un presupuesto de 134,16 millones de euros para los años 2024, 2025 y 2026, se vio afectado por la escasa participación de empresas, ya que solo una se presentó a la licitación, dejando desiertos 18 de los 20 lotes ofertados. Esto refleja una tendencia preocupante en la que los concursos públicos para la extinción de incendios a menudo quedan desiertos, lo que limita la competencia y puede resultar en un aumento de precios.
La situación se complicó aún más cuando, tras la suspensión, el ministerio tuvo que recurrir a un procedimiento negociado y sin publicidad para volver a licitar los contratos. Este método permite invitar a un número limitado de empresas a participar, lo que puede llevar a una adjudicación casi a dedo y a un aumento de precios de hasta un 10%. En este caso, se contrataron 50 aeronaves para la campaña de verano de 2024, pero a precios significativamente más altos debido a los sobrecostes asociados a la urgencia de la situación.
### El Impacto del Oligopolio en los Precios
El oligopolio en el sector de la extinción aérea ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la gestión de incendios en España. Según informes, el sector está dominado por un reducido número de empresas que controlan aproximadamente el 70% del mercado. Esta concentración de poder ha llevado a un aumento de precios que, en el último año, ha alcanzado un incremento promedio del 43,5% en los contratos de extinción aérea. Este aumento se suma a un incremento previo del 53,6% en los precios de un concurso suspendido, lo que resulta en un aumento total del 97,1% en solo un año.
Los precios de los contratos para helicópteros, aviones anfibios y aviones de carga han experimentado incrementos significativos, lo que plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de estos costos para las administraciones públicas. La justificación del ministerio para estos aumentos incluye el incremento de los costos de adquisición de aeronaves, mantenimiento y combustible, pero la falta de competencia real en el sector sugiere que estos precios podrían ser artificialmente inflados.
La situación se agrava aún más por la existencia de un «cartel del fuego», que ha sido condenado por la Audiencia Nacional por amañar concursos públicos durante más de 20 años. Este cartel, que incluye a algunas de las principales empresas del sector, ha sido acusado de inflar precios y limitar la competencia, lo que ha llevado a un perjuicio significativo para la administración pública y, por ende, para los contribuyentes.
### La Necesidad de Reformas en el Sector
La situación actual del sector de la extinción aérea en España pone de manifiesto la necesidad de reformas urgentes. La dependencia de un número reducido de empresas para la extinción de incendios no solo limita la competencia, sino que también puede comprometer la eficacia de la respuesta a incendios en un país que enfrenta un creciente riesgo de incendios forestales debido al cambio climático.
Las administraciones deben considerar la posibilidad de diversificar la oferta de servicios aéreos, fomentando la entrada de nuevas empresas en el mercado. Esto podría lograrse mediante la revisión de los criterios de licitación y la eliminación de barreras de entrada que actualmente limitan la participación de nuevos actores en el sector.
Además, es fundamental implementar mecanismos de supervisión más estrictos para evitar prácticas colusorias y garantizar que los precios de los contratos sean justos y competitivos. La transparencia en los procesos de licitación y la promoción de una mayor competencia son esenciales para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva en la lucha contra los incendios forestales.
En resumen, el oligopolio en el sector de la extinción aérea ha llevado a un aumento significativo de los precios en los contratos de servicios, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad y la eficacia de la respuesta a incendios en España. La necesidad de reformas en este sector es evidente, y las administraciones deben actuar con rapidez para garantizar una gestión adecuada de los recursos destinados a la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades.
