La lucha contra la corrupción en España ha sido un tema recurrente en la agenda política y social del país. Recientemente, el Consejo de Europa ha emitido un informe que pone de manifiesto las deficiencias en las políticas implementadas para combatir este problema. A pesar de algunos avances legislativos, el organismo internacional ha señalado que España continúa incumpliendo varias recomendaciones clave desde 2019, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta la fecha.
### Evaluación del Consejo de Europa sobre la Corrupción
El Consejo de Europa, una entidad que agrupa a 46 estados y que se centra en la promoción de los derechos humanos y la democracia, ha advertido que España no ha logrado resolver importantes cuestiones relacionadas con la corrupción. En su último informe, se destaca que de las 19 recomendaciones formuladas, tres siguen sin cumplirse, lo que representa un retroceso en comparación con el informe anterior, donde seis recomendaciones estaban en la misma situación. Esta falta de progreso ha llevado al Consejo a solicitar un informe detallado sobre los avances en la lucha contra la corrupción para el 30 de junio de 2026.
Uno de los puntos críticos mencionados en el informe es el régimen de los asesores del Gobierno. El Consejo de Europa ha subrayado la necesidad de que estos asesores operen bajo un marco de transparencia y exigencias de integridad similar al de otros funcionarios del Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha observado un esfuerzo significativo por parte del Gobierno español para regular adecuadamente el trabajo de estos asesores, lo que genera preocupaciones sobre la falta de supervisión y control en este ámbito.
Además, el informe también hace hincapié en la necesidad de revisar el aforamiento de los miembros del Gobierno. Este mecanismo, que permite que ciertos funcionarios sean juzgados solo por el Tribunal Supremo, ha sido criticado por limitar la capacidad de la justicia para actuar en casos de corrupción. Las autoridades españolas han defendido este sistema, argumentando que no impide la acción judicial, pero el Consejo de Europa considera que es fundamental reformarlo para garantizar una mayor rendición de cuentas.
### Propuestas de Mejora y Respuestas del Gobierno
El Gobierno español ha respondido a las críticas del Consejo de Europa destacando los avances logrados en la lucha contra la corrupción desde la primera evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en 2017. Sin embargo, el Consejo ha sido claro al señalar que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes. El secretario general del Consejo, Alain Berset, ha instado al Gobierno a tomar «una acción determinada» para lograr progresos tangibles en la materia.
Entre las propuestas de mejora, el Consejo de Europa ha mencionado la necesidad de establecer reglas de transparencia para los grupos de presión, conocidos como «lobbies». Se requiere que haya un registro de estas actividades y que se haga pública la información sobre los contactos que mantienen con los responsables del Gobierno y del Parlamento. Aunque el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca regular estas actividades, el Consejo ha lamentado que no se incluya la recomendación sobre la transparencia de las agendas, lo que representa una «oportunidad perdida» para mejorar la rendición de cuentas.
Otro aspecto crítico abordado en el informe es el fenómeno de las «puertas giratorias», que se refiere al paso de funcionarios públicos a posiciones en el sector privado, lo que puede generar conflictos de interés. El Consejo ha instado a que se refuercen las restricciones en este ámbito y que se establezca un organismo independiente para supervisar estas transiciones. Aunque el Gobierno ha presentado enmiendas legislativas para ampliar las limitaciones actuales, el Consejo ha señalado que estas aún están en fase de proyecto y no han sido adoptadas oficialmente.
La respuesta del Gobierno también ha destacado que, a pesar de las críticas, se han cumplido parcialmente ocho de las nueve recomendaciones relacionadas con la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la percepción general es que aún queda un largo camino por recorrer para abordar de manera efectiva la corrupción en España.
En resumen, el informe del Consejo de Europa pone de relieve la necesidad urgente de que España implemente reformas significativas en su marco legal y administrativo para combatir la corrupción. La falta de acción en áreas críticas como la regulación de asesores, el aforamiento de miembros del Gobierno y la transparencia en las actividades de los grupos de presión subraya la importancia de un compromiso renovado por parte de las autoridades para abordar estos desafíos de manera efectiva.
