En el contexto actual de tensiones internacionales, el papel de España en el conflicto entre Israel y Palestina ha cobrado una relevancia significativa. Las formaciones políticas de izquierda en el país han intensificado sus demandas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo acciones más contundentes en respuesta a la situación en Gaza. A lo largo de la legislatura, estas fuerzas han planteado una serie de propuestas que, hasta el momento, no han sido implementadas, lo que ha generado un clima de descontento y presión sobre el Ejecutivo.
### La presión de la izquierda sobre el Gobierno
Desde el inicio del conflicto, las formaciones de izquierda como Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos, BNG y el grupo de Sumar han exigido al Gobierno español que tome una postura más firme contra Israel. Una de las principales demandas es la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí, un paso que el Gobierno ha evitado dar, argumentando que podría tener consecuencias irreversibles en la política internacional. Sin embargo, los partidos de izquierda consideran que esta medida es necesaria, dado el alto número de víctimas palestinas y la calificación de las acciones israelíes como genocidio.
El Gobierno ha intentado mantener un equilibrio en su política exterior, destacando que ha liderado iniciativas en la Unión Europea para abordar la crisis. A pesar de esto, los aliados de izquierda critican que las acciones del Ejecutivo son insuficientes y que no reflejan la gravedad de la situación en Gaza. La presión se ha intensificado con la exigencia de que se prohíba el comercio de armas con Israel, una propuesta que ha sido presentada en el Congreso pero que aún se encuentra estancada.
### Propuestas legislativas y su estancamiento
En el ámbito legislativo, dos propuestas clave han sido registradas en el Congreso, pero su avance ha sido lento. La primera, impulsada por el grupo de Sumar y apoyada por otros partidos, busca establecer un embargo total de armas a países investigados por genocidio por parte de la Corte Penal Internacional. Esta iniciativa ha logrado pasar la fase de admisión a trámite, pero su futuro sigue siendo incierto, lo que ha generado frustración entre los partidos de izquierda.
La segunda propuesta, presentada por Sumar, busca prohibir las actividades comerciales de empresas españolas en territorios ocupados, incluyendo Palestina y el Sáhara. Esta ley aún no ha sido considerada, lo que ha llevado a los partidos de izquierda a cuestionar la voluntad del Gobierno para abordar estos temas de manera efectiva.
Además de estas iniciativas, la participación de España en el procedimiento iniciado por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia ha sido objeto de debate. Aunque España se ha sumado al proceso, su rol ha sido criticado por no ser lo suficientemente activo. Los partidos de izquierda argumentan que el Gobierno debería haber intervenido como acusación, en lugar de adoptar una postura más neutral.
La situación se complica aún más con las acusaciones de que el Gobierno español ha continuado comprando armas a Israel, a pesar de las afirmaciones de que se ha detenido este comercio. Un informe reciente sugiere que España ha realizado numerosas transacciones de armas desde el inicio del conflicto, lo que ha llevado a protestas y manifestaciones en el país. Los aliados de izquierda han exigido transparencia en las operaciones de venta de armas y han solicitado que se haga pública toda la información relacionada con este comercio.
En este contexto, el Gobierno ha enfrentado críticas por su falta de acción decisiva y por no abordar de manera clara y contundente la situación en Gaza. Las formaciones de izquierda han instado al Ejecutivo a no titubear en su discurso y a calificar la situación como lo que realmente es: un genocidio. Esta presión ha llevado a un clima de tensión dentro del Gobierno y ha puesto de manifiesto las diferencias entre las distintas fuerzas políticas en relación con la política exterior española.
La situación en Gaza y la respuesta del Gobierno español continúan siendo temas candentes en la agenda política del país. A medida que las demandas de la izquierda se intensifican, el Ejecutivo se enfrenta al desafío de equilibrar sus relaciones internacionales con la necesidad de responder a las exigencias de sus aliados y a la opinión pública. La presión sobre el Gobierno para que actúe de manera más decisiva en este conflicto no parece disminuir, y el futuro de las relaciones entre España e Israel sigue siendo incierto.
