La reciente destitución de Javier Lizarbe Chocarro como director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha generado un gran revuelo en la política regional. Nombrado apenas un mes antes, su cese coincide con el escándalo que rodea al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad y la transparencia de esta oficina creada para combatir la corrupción en la administración pública.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción fue establecida hace siete años con la intención de erradicar la corrupción en la administración pública navarra. Sin embargo, su funcionamiento y la gestión de los recursos han sido objeto de críticas. En 2025, el presupuesto de esta oficina se aproxima al millón de euros, un aumento significativo desde su creación. Este incremento ha suscitado dudas sobre la verdadera eficacia de la oficina y su capacidad para cumplir con su misión original.
### La Oficina de Buenas Prácticas y su Evolución
Desde su creación, la Oficina ha estado bajo el escrutinio público, especialmente por su vinculación con partidos políticos como Bildu, que impulsaron su establecimiento. La dirección actual, bajo Edurne Eginoa, ha sido señalada por su relación con el caso Santos Cerdán, que involucra irregularidades en la adjudicación de obras públicas. La UTE formada por Acciona y Servinabar 2000 se adjudicó un contrato para las obras del antiguo Archivo General de Navarra, que resultó en un desvío del presupuesto del 19% y un retraso de más de un año en los plazos de entrega.
La creación de esta oficina se justificó como una medida para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Sin embargo, el aumento de su presupuesto y la falta de resultados tangibles han llevado a muchos a cuestionar su utilidad. La percepción de que se ha convertido en un «chiringuito institucional» ha calado hondo en la opinión pública, lo que ha llevado a un creciente escepticismo sobre su capacidad para cumplir con su misión.
### El Caso Santos Cerdán y sus Implicaciones
El caso Santos Cerdán ha sido un punto de inflexión en la política navarra. La creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra para examinar las adjudicaciones de obras públicas en las últimas legislaturas ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública. La comisión ha decidido llamar a comparecer a 40 personas, entre las que se encuentran figuras clave en el escándalo, como Santos Cerdán y otros exfuncionarios del gobierno.
La decisión de no incluir a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ni a la expresidenta Uxue Barkos en las comparecencias ha generado críticas. Muchos consideran que su ausencia podría limitar la efectividad de la investigación y la posibilidad de obtener respuestas claras sobre las irregularidades denunciadas. La falta de rendición de cuentas de los altos funcionarios ha alimentado la desconfianza en las instituciones y ha llevado a un clamor por una reforma profunda en la administración pública.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que debería ser un bastión contra la corrupción, se encuentra en una encrucijada. La percepción de que está más alineada con intereses políticos que con la lucha contra la corrupción ha debilitado su credibilidad. La necesidad de una revisión exhaustiva de su funcionamiento y de sus objetivos es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde la corrupción sigue siendo un tema candente en la política española.
### La Reacción de la Opinión Pública
La opinión pública ha reaccionado de manera contundente ante el cese de Lizarbe y el escándalo en torno a la Oficina de Buenas Prácticas. Muchos ciudadanos han expresado su frustración a través de redes sociales y foros de discusión, exigiendo una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. La percepción de que la corrupción está arraigada en la administración pública ha llevado a un aumento en la demanda de reformas que garanticen una mayor rendición de cuentas.
Los partidos de la oposición han aprovechado la situación para criticar al Gobierno de Chivite, acusándolo de falta de acción y de permitir que la corrupción se instale en las instituciones. La presión sobre el gobierno para que actúe y tome medidas concretas para abordar estas preocupaciones ha aumentado, y muchos ciudadanos esperan que la comisión de investigación arroje luz sobre las irregularidades y lleve a los responsables ante la justicia.
La crisis en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas administraciones en España. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso real y sostenido por parte de todos los actores involucrados, así como una voluntad política para implementar cambios significativos. La confianza de los ciudadanos en sus instituciones depende de la capacidad de estas para actuar de manera transparente y responsable, y la situación actual pone de manifiesto que aún queda un largo camino por recorrer.
