El Ayuntamiento de Murcia ha tomado la decisión de ceder gratuitamente la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el barrio de Vistabella, al Obispado de Cartagena. Esta acción ha generado un intenso debate en la comunidad, ya que la iglesia tiene un valor estimado de 700.000 euros, sin incluir el valor del terreno. La cesión se realiza bajo la condición de que el inmueble mantenga su uso religioso de manera permanente, según un informe jurídico del consistorio.
La decisión ha sido cuestionada por varias organizaciones, incluyendo Ecologistas en Acción, Europa Laica y la asociación Huermur. Estas entidades argumentan que la cesión gratuita de un bien público a una entidad privada sin contrapartidas representa una descapitalización injustificada del patrimonio municipal. En sus alegaciones, expresan que un bien que pertenece a la comunidad no debería ser regalado a ninguna organización, independientemente de su naturaleza.
### Contexto de la Cesión
La iglesia de Nuestra Señora de Fátima fue construida en los años 50 con fondos del Estado franquista y ha estado destinada al culto católico desde su inauguración. En junio de 2018, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, solicitó formalmente la cesión del inmueble al Ayuntamiento, argumentando que era del interés de la Diócesis y de una parte representativa de los vecinos. En su carta, el obispo destacó que la iglesia satisface las necesidades de la feligresía y de la comunidad en general.
El proceso administrativo para la cesión comenzó en junio de 2025, cuando el Ayuntamiento decidió iniciar el expediente de cesión gratuita. Este procedimiento incluyó la desafectación del dominio público, un mecanismo que permite que un bien que forma parte del patrimonio público deje de estar destinado al servicio público y pueda ser enajenado. La desafectación fue aprobada en un pleno municipal el 31 de julio, donde el Partido Popular (PP) y Vox votaron a favor, mientras que el PSOE se abstuvo.
Un informe jurídico del Ayuntamiento, fechado el 21 de agosto, justifica la cesión al señalar que el inmueble ha estado destinado al culto religioso desde su construcción y que no es susceptible de albergar otro uso. Además, se establecen condiciones que la Iglesia debe cumplir, como mantener el uso religioso de manera permanente y la posibilidad de reversión al patrimonio municipal en caso de incumplimiento.
### Reacciones y Alegaciones
Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, Huermur y Europa Laica no solo cuestionan la legalidad del proceso, sino que también abordan el estado físico de la iglesia. Según informes técnicos, el inmueble presenta diversas patologías constructivas, como filtraciones de agua y fisuras en cerramientos y fachadas. Estas deficiencias han sido documentadas en informes desde 1996 hasta 2020, lo que sugiere que el deterioro no es un problema aislado, sino que requiere una intervención integral.
Las organizaciones argumentan que ceder un inmueble en mal estado es incoherente y jurídicamente improcedente, ya que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar la conservación y seguridad de sus bienes. En sus alegaciones, piden que se revise el expediente y se realice una valoración económica actualizada del inmueble, así como un estudio de viabilidad de alternativas a la cesión gratuita, como el arrendamiento o convenios de colaboración.
Juan Celdrán, representante de Europa Laica en Murcia, ha expresado que la cesión de la iglesia a la Iglesia Católica es un acto que no debería ser aceptado por un Estado laico. Celdrán argumenta que el patrimonio público debe ser de todos los ciudadanos y que la propiedad de la iglesia debería seguir siendo del Ayuntamiento de Murcia, independientemente de su uso religioso. Además, cuestiona por qué se le regala un inmueble de tal valor a una institución que ya posee numerosas propiedades en España.
La controversia también ha puesto de relieve la percepción pública sobre la relación entre el Estado y la Iglesia. Muchos ciudadanos se preguntan por qué se permite que la Iglesia reciba un inmueble sin costo alguno, mientras que otros ciudadanos o entidades no tienen acceso a beneficios similares. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión del patrimonio público.
El Ayuntamiento de Murcia no ha respondido a las solicitudes de información sobre el estado del inmueble y los argumentos a favor de la cesión. La falta de respuesta ha alimentado aún más la desconfianza entre los ciudadanos y las organizaciones que se oponen a la cesión. La situación sigue evolucionando, y es probable que el debate sobre la cesión de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima continúe en el futuro cercano.
