La reciente visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al barrio de El Olivar en Churriana, ha desatado una ola de críticas y protestas por parte de los vecinos, quienes expresan su preocupación por la apertura de un nuevo centro de internamiento de menores infractores. Este centro, conocido como CIMI, ha sido objeto de controversia desde su anuncio, y la reunión del alcalde con los residentes ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la comunidad y las autoridades locales.
La llegada del alcalde a la zona fue esperada con gran expectación por parte de los vecinos, quienes se habían congregado para expresar sus inquietudes. A pesar de que Francisco de la Torre había prometido reunirse con ellos a las cinco y media de la tarde, su visita previa al centro generó desconfianza entre los asistentes. Con un grupo de aproximadamente 150 personas, los residentes comenzaron a gritar consignas como «Salga si tiene valor» y «menudo alcalde más cobarde», reflejando su frustración ante lo que consideran una falta de transparencia en la gestión del proyecto.
Los vecinos, que han vivido en la zona durante décadas, argumentan que la instalación de un centro de menores infractores en medio de una urbanización residencial afecta su seguridad y calidad de vida. Pepa Miguel Berrocal, una de las residentes más vocales, expresó su preocupación por la visibilidad de su hogar desde el centro, señalando que su jardín podría ser visto por los menores internados. «No es un lugar adecuado para ellos ni para nosotros», afirmó, destacando la necesidad de encontrar alternativas más apropiadas para la rehabilitación de estos jóvenes.
La respuesta del alcalde a las preocupaciones de los vecinos fue que el centro cumple con la legalidad y que se han tomado medidas para garantizar la privacidad tanto de los menores como de los residentes. Sin embargo, muchos vecinos no se sintieron satisfechos con esta explicación. Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de vecinos, argumentó que las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos necesarios, como espacios deportivos y áreas adecuadas para la actividad de los menores.
A medida que la reunión avanzaba, las tensiones aumentaban. Los vecinos exigieron respuestas claras sobre el funcionamiento del centro y la seguridad de la comunidad. Francisco de la Torre intentó calmar los ánimos, sugiriendo que los residentes deberían visitar el centro para conocerlo mejor. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida, ya que muchos consideran que la decisión de abrir el centro ya está tomada sin tener en cuenta sus preocupaciones.
El alcalde también se comprometió a revisar la documentación presentada por los vecinos y a discutir el tema con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Sin embargo, los residentes expresaron su descontento con la falta de respuestas concretas y la sensación de que sus preocupaciones no están siendo tomadas en serio. «Esto supera al alcalde», comentó Pablo, un ingeniero del barrio, reflejando el sentimiento general de decepción entre los asistentes.
La situación en Churriana pone de relieve un conflicto más amplio entre las autoridades locales y la comunidad en relación con la gestión de servicios públicos y la planificación urbana. Los vecinos sienten que sus voces no son escuchadas y que las decisiones se toman sin considerar el impacto en la vida cotidiana de los residentes. La apertura del CIMI se ha convertido en un símbolo de esta lucha por la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
A medida que la fecha de apertura del centro se acerca, los vecinos de Churriana continúan organizándose para expresar su oposición. Han preparado un documento detallado con sus inquietudes y están decididos a llevar su mensaje a las autoridades competentes. La comunidad se siente unida en su rechazo a lo que consideran una decisión que pone en riesgo su seguridad y bienestar.
La situación en Churriana es un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a las comunidades. A medida que los residentes continúan luchando por sus derechos, la presión sobre el alcalde y la Junta de Andalucía para encontrar soluciones adecuadas y respetar las preocupaciones de la comunidad solo aumentará. La controversia en torno al CIMI es un claro ejemplo de cómo la falta de comunicación y la percepción de desinterés por parte de las autoridades pueden generar tensiones en la sociedad.
