En un contexto de creciente tensión política y social, varias comunidades autónomas en España han decidido recurrir ante los tribunales el decreto del Gobierno que establece un sistema de reparto de menores migrantes no acompañados. Este decreto, que busca distribuir la responsabilidad de la acogida entre las distintas regiones, ha generado un amplio debate y diversas reacciones entre los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos gobernados por el Partido Popular (PP) y el PSOE.
La situación se ha vuelto más compleja a medida que comunidades como Madrid, Castilla y León y Aragón han anunciado su intención de llevar el asunto al Tribunal Constitucional. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, ha manifestado que la comunidad tomará «las acciones necesarias y judiciales» para asegurar que el reparto de menores sea «igualitario». Según él, el decreto del Gobierno carece de transparencia y no ha contado con el consenso necesario entre las comunidades autónomas.
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha expresado su firme oposición al «reparto forzoso de menores», aunque ha dejado claro que cumplirá con la ley y trabajará en la llegada de estos menores, enfatizando que su bienestar debe ser la prioridad. En Castilla y León, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha argumentado que el decreto invade competencias propias de la comunidad y se ha implementado sin la debida consulta a las regiones afectadas.
### Reacciones de Otras Comunidades Autónomas
La controversia no se limita a las comunidades que han decidido recurrir el decreto. La Región de Murcia ha criticado la falta de información del Gobierno central sobre el número de menores que llegarán a su territorio, lo que ha generado incertidumbre y preocupación. La Xunta de Galicia, por su parte, ha instado al Gobierno a cumplir con una orden del Tribunal Supremo que exige la acogida de 1,000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Hasta la fecha, solo un pequeño número de estos menores ha sido trasladado a la península, lo que ha llevado a la Xunta a cuestionar la efectividad del decreto.
En contraste, comunidades como Canarias y Euskadi han hecho un llamado a la corresponsabilidad en la acogida de menores migrantes. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha subrayado que el decreto es beneficioso para todas las comunidades y ha exigido su cumplimiento. Según Delgado, la presión migratoria puede aumentar en otras regiones, lo que hace necesario un enfoque colaborativo para abordar la situación.
El Gobierno vasco también ha reiterado la importancia de la corresponsabilidad entre las comunidades en la acogida de menores no acompañados. Euskadi ha establecido 731 plazas para estos menores, pero ha indicado que no recibirá más hasta que se evalúe la capacidad de acogida y el esfuerzo acumulado por cada territorio.
### Implicaciones Financieras y Administrativas
El decreto en cuestión no solo tiene implicaciones legales, sino también financieras. El Ministerio de Infancia y Juventud ha destinado 100 millones de euros para sufragar los traslados y los primeros tres meses de acogida de los menores migrantes. Esta financiación es crucial para garantizar que las comunidades autónomas puedan cumplir con sus obligaciones, pero también ha sido objeto de críticas por la falta de claridad sobre cómo se distribuirán estos fondos.
Las comunidades que se oponen al decreto argumentan que la imposición de un sistema de reparto sin un acuerdo previo y sin considerar las capacidades individuales de cada región es un enfoque erróneo. La falta de consenso ha llevado a un clima de desconfianza y ha exacerbado las tensiones políticas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El debate sobre el reparto de menores migrantes no solo refleja las diferencias políticas entre las comunidades, sino que también pone de manifiesto la complejidad de la gestión de la migración en España. A medida que la situación evoluciona, será fundamental observar cómo se desarrollan los procedimientos judiciales y qué impacto tendrán en la política migratoria del país. La colaboración y la corresponsabilidad entre las distintas administraciones serán clave para abordar este desafío de manera efectiva y humana.
