La acumulación de escombros, plásticos y restos de poda en Cártama, específicamente bajo el puente de la A-357, ha generado una creciente preocupación entre los vecinos y las autoridades locales. Este problema, que se ha intensificado en los últimos meses, ha transformado el cauce del río Grande en un vertedero ilegal, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud pública. La situación ha llevado a los residentes y a los guardas rurales a alzar la voz y exigir acciones inmediatas para abordar esta crisis.
La escombrera ilegal, situada en el kilómetro 47 de la A-357, ha crecido de manera descontrolada, alimentada por aquellos que buscan deshacerse de sus desechos de forma rápida y económica. Víctor Villalobos, un guarda rural y técnico en medio ambiente, ha denunciado la gravedad de la situación, advirtiendo que el riesgo de incendios y la contaminación del agua son amenazas inminentes. «Con una riada o un incendio, el daño sería incalculable», afirma Villalobos, quien también señala que los vecinos han tenido que retirar parte de los escombros para poder acceder a sus propiedades con vehículos agrícolas.
La acumulación de materiales de construcción y otros residuos no solo afecta la estética del entorno, sino que también representa un peligro real para la salud pública. La filtración de sustancias tóxicas al suelo y su posible arrastre hacia el cauce del río durante lluvias intensas son preocupaciones que han sido planteadas por los expertos. La desembocadura del río Grande conecta con el Guadalhorce, un área de alto valor ecológico que alberga diversas especies de aves protegidas. La contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad son consecuencias que podrían derivarse de esta situación si no se toman medidas urgentes.
Los Guardas Rurales del Guadalhorce han solicitado la implementación de medidas inmediatas para revertir esta problemática. Entre sus propuestas se encuentran la retirada de los residuos, la clausura de la zona afectada y la instalación de sistemas de vigilancia para sancionar a los infractores. Además, insisten en la necesidad de reforzar los servicios de recogida de residuos para ofrecer alternativas legales a quienes actualmente optan por el vertido ilegal.
Por su parte, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha reconocido la seriedad del problema, aunque ha enfatizado que la responsabilidad no recae únicamente en el Ayuntamiento. En los últimos meses, el Consistorio ha invertido más de 8.000 euros en una limpieza integral de la zona, pero el regidor sostiene que la vigilancia y el control de los vertidos ilegales son competencias que corresponden a la Junta de Andalucía. Gallardo ha solicitado a la Junta que actúe con mayor contundencia, sugiriendo la instalación de barreras y un aumento en la vigilancia ambiental para prevenir futuros vertidos.
La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha confirmado que están trabajando en conjunto con el Ayuntamiento para identificar el origen de esta acumulación de escombros y residuos. Sin embargo, han reiterado que la gestión de residuos urbanos es competencia del Consistorio, lo que complica la situación. La Junta ha señalado que corresponde al Ayuntamiento aprobar las licencias necesarias y exigir a los generadores de residuos que contraten servicios de recogida autorizados.
La situación en Cártama es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas comunidades en la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. La falta de conciencia y responsabilidad por parte de algunos ciudadanos, combinada con la insuficiencia de recursos y medidas efectivas, ha llevado a la creación de un problema que podría tener consecuencias devastadoras si no se aborda de manera adecuada.
Es fundamental que tanto las autoridades locales como los ciudadanos trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles que prevengan la aparición de escombreras ilegales y protejan el entorno natural. La educación y la concienciación sobre la importancia de una correcta gestión de residuos son pasos cruciales para evitar que situaciones como la de Cártama se repitan en el futuro. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la comunidad son esenciales para restaurar la salud del ecosistema y garantizar un entorno seguro y limpio para todos.
