El Govern de las Islas Baleares ha decidido llevar a cabo una auditoría exhaustiva de los contratos adjudicados por la expresidenta Francina Armengol a empresas vinculadas a la llamada ‘trama Koldo‘. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión política y judicial, donde la administración actual, liderada por Marga Prohens, busca esclarecer la legalidad y transparencia de las adjudicaciones realizadas durante el mandato de Armengol.
### Contexto de la Auditoría
La auditoría se centrará en contratos que suman un total de 9 millones de euros, específicamente aquellos otorgados a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL. Este contrato incluye la construcción de un centro para personas dependientes en Son Dureta, cuyo valor asciende a 9,3 millones de euros. La situación se complica aún más dado que esta constructora se declaró en quiebra durante la ejecución de las obras, lo que ha levantado sospechas sobre la correcta adjudicación y ejecución de los proyectos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está actualmente investigando la relación de Armengol con miembros de la trama, lo que ha llevado a la administración de Prohens a revisar cada uno de los contratos adjudicados. Este proceso no solo busca identificar irregularidades, sino también determinar si hubo algún tipo de corrupción o amaño en la adjudicación de obras.
Además de Levantina, otros contratos que serán objeto de revisión incluyen proyectos de rehabilitación de puentes en la localidad de Sineu, que fueron adjudicados a la empresa SFM. La suma de estos contratos alcanza casi 300,000 euros, lo que representa una parte significativa del presupuesto regional destinado a obras públicas.
### Implicaciones Políticas y Judiciales
La auditoría no solo tiene implicaciones económicas, sino que también se enmarca en un contexto político tenso. La oposición, liderada por el Partido Popular, ha aprovechado esta situación para criticar al PSOE y a Armengol, acusándolos de falta de transparencia y de haber favorecido a empresas vinculadas a la trama Koldo. Esta ofensiva política se ha intensificado en el Congreso, donde el PP ha presentado varias iniciativas para presionar al gobierno actual y exigir responsabilidades.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado informes sobre varios miembros de la trama, incluyendo a Armengol, lo que añade una capa de complejidad a la situación. La posibilidad de que se hagan públicos estos informes en las próximas semanas ha generado un clima de incertidumbre tanto en el ámbito político como en el judicial.
La administración de Prohens ha manifestado su compromiso con la transparencia y la legalidad, afirmando que la auditoría es un paso necesario para restaurar la confianza en las instituciones. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la efectividad de estas medidas, argumentando que son insuficientes para abordar el problema de fondo.
### Reacciones y Expectativas
Las reacciones a la decisión del Govern han sido variadas. Mientras que algunos sectores aplauden la iniciativa como un acto de responsabilidad, otros la ven como un intento de desviar la atención de problemas más profundos en la gestión pública. La ciudadanía, por su parte, se muestra expectante ante los resultados de la auditoría, esperando que se esclarezcan las irregularidades y se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
En este contexto, la presión sobre el PSOE y Armengol podría aumentar, especialmente si los informes de la UCO revelan información comprometedora. La situación es un recordatorio de la importancia de la transparencia en la gestión pública y de la necesidad de que las instituciones rindan cuentas a la ciudadanía.
La auditoría de los contratos de Armengol es, sin duda, un tema que seguirá generando debate y controversia en los próximos meses, a medida que se vayan conociendo más detalles sobre las irregularidades y las posibles implicaciones legales para los involucrados. La administración de Marga Prohens se enfrenta a un desafío significativo, no solo en términos de gestión pública, sino también en la construcción de una narrativa de confianza y transparencia en un clima político cada vez más polarizado.
