La relación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas ha sido históricamente compleja, marcada por tensiones y desacuerdos. Sin embargo, en los últimos años, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha observado una notable disminución en la conflictividad política. Este artículo explora cómo ha cambiado la dinámica entre el Gobierno y las comunidades autónomas, centrándose en la reducción de recursos de inconstitucionalidad y el aumento de acuerdos entre ambas partes.
**Reducción de Recursos de Inconstitucionalidad**
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se ha registrado una disminución significativa en el número de recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas. Según datos del Ministerio de Política Territorial, el número de recursos interpuestos ha caído un 66% en comparación con la etapa de Mariano Rajoy. Durante el mandato de Rajoy, las comunidades autónomas interpusieron 132 recursos en un periodo similar de siete años, mientras que bajo el Gobierno de Sánchez, este número se ha reducido a solo 44.
Este cambio es significativo, ya que refleja un cambio en la forma en que las comunidades autónomas se relacionan con el Gobierno central. La mayoría de los recursos presentados durante la etapa de Rajoy se debieron a conflictos sobre competencias y desacuerdos en la implementación de políticas. En contraste, el actual Gobierno ha logrado establecer un diálogo más efectivo con las comunidades, lo que ha llevado a una reducción de la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional.
**Aumento de Acuerdos entre el Gobierno y las Comunidades**
Además de la reducción de recursos, el número de acuerdos firmados entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha aumentado considerablemente. Durante el mandato de Rajoy, se firmaron 180 acuerdos que evitaron la interposición de recursos. En cambio, desde la llegada de Sánchez, se han alcanzado 291 acuerdos, lo que representa un incremento del 61% en las negociaciones exitosas.
Estos acuerdos abarcan una amplia gama de temas, desde leyes estatales hasta normativas autonómicas. Por ejemplo, en los últimos meses, se han firmado acuerdos con comunidades como Asturias y el País Valenciano, abordando cuestiones como la Ley de Impulso Demográfico y la simplificación administrativa. Este enfoque proactivo ha permitido que el Gobierno central y las comunidades trabajen juntos en lugar de enfrentarse en los tribunales.
La política de diálogo y cooperación del Gobierno de Sánchez ha sido destacada por fuentes del Ministerio de Política Territorial, quienes afirman que esta estrategia ha demostrado ser efectiva. La voluntad de negociar y encontrar soluciones conjuntas ha permitido que se eviten conflictos mayores y que se mantenga una relación más armoniosa entre las distintas administraciones.
**Contexto Político Actual**
A pesar de estos avances, el panorama político sigue siendo tenso. La próxima XXIX Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Barcelona, se produce en un contexto de confrontación política, especialmente entre el Gobierno y el Partido Popular (PP). Este último ha convocado una manifestación en respuesta a lo que consideran corrupción y mala gestión por parte del Gobierno. La oposición ha mostrado su descontento, lo que podría complicar aún más las relaciones entre las distintas administraciones.
El PP ha votado en contra del orden del día de la conferencia, a pesar de que se incluyeron algunas de sus peticiones. Esta situación ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de un boicot por parte de los presidentes autonómicos del PP, lo que podría obstaculizar el diálogo y la cooperación que se han logrado hasta ahora.
**Temas de Conflicto**
Entre los temas que han generado más conflictos en la actual legislatura se encuentran la ley de vivienda, la ley de amnistía y la gestión de menores migrantes. Estas cuestiones han sido objeto de controversia y han llevado a varias comunidades autónomas a recurrir al Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Gobierno ha impugnado leyes relacionadas con la memoria histórica y derechos LGTBIQ+, lo que ha añadido más tensión a la relación entre las administraciones.
A pesar de estos desafíos, el hecho de que se hayan alcanzado más acuerdos y que la conflictividad haya disminuido es un indicativo de que, aunque las diferencias persisten, hay un esfuerzo por parte del Gobierno de Sánchez por mantener un diálogo abierto y constructivo con las comunidades autónomas. Este enfoque podría ser clave para abordar los problemas que aún quedan por resolver y para garantizar una gobernanza más efectiva en el futuro.
